PSOE y PP piden que el fiscal Anticorrupción investigue los casos de Sevilla, Cádiz y Málaga
Socialistas y populares mantienen un cruce de acusaciones de corrupción
Los supuestos casos de corrupción en Sevilla, Cádiz y Málaga han elevado el tono del debate político en Andalucía y han llegado a la política nacional. El presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció ayer que va a pedir la intervención de la Fiscalía Anticorrupción en el caso de las facturas falsas en el distrito Macarena de Sevilla y en una operación urbanística en Sanlúcar la Mayor. Los socialistas replicaron pidiendo al PP que tenga el mismo celo en los casos de la Zona Franca de Cádiz y en la contratación de un informe municipal en Málaga. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, subrayó que su partido será "intransigente" en la tarea de garantizar la "limpieza" en las instituciones públicas.
Rajoy anunció ayer que pedirá por escrito la intervención de la Fiscalía Anticorrupción en el caso de las facturas falsas del Ayuntamiento de Sevilla porque las irregularidades detectadas en el distrito Macarena son un "caso evidente de corrupción".
Los dirigentes del PP andaluz y provincial anunciaron también ayer una batería de medidas para que el PSOE dé explicaciones sobre lo que ellos consideran una situación de "corrupción generalizada", en referencia al caso de Sevilla y a una operación urbanística en una parcela propiedad de los sobrinos de Felipe González en Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Los socialistas, por su parte, restaron importancia a las exigencias de los dirigentes populares. La secretaria de Educación del PSOE andaluz, Cinta Castillo, instó al PP a no dar "viajes en balde" a la Fiscalía Anticorrupción y le recomendó llevar a esta institución documentación sobre los casos de la Zona Franca de Cádiz y el de "los pagos a arquitectos sin ningún tipo de procedimiento" del Ayuntamiento de Málaga.
En opinión de Castillo, la actuación del PSOE tras conocer las irregularidades del distrito Macarena ha sido "transparente, contundente y política", mientras que el presidente nacional del PP aseguró que lo ocurrido en Sevilla "se llama robar".
El que fuera concejal del distrito Macarena cuando empezaron las irregularidades, según los socialistas, Carmelo Gómez, abandonó ayer el cargo que tenía en la Fundación Red Andaluza de Economía Social, dependiente de la Consejería de Innovación.
Para dar solemnidad a las acusaciones de corrupción, el secretario general del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, compareció en la sede regional en compañía de su portavoz parlamentario, Antonio Sanz, el presidente del partido en Sevilla, Ricardo Tarno, y los portavoces del PP en los Ayuntamientos de Sevilla y Marbella, Jaime Raynaud y Ángeles Muñoz.
Los dirigentes populares volvieron a repetir sus exigencias de las últimas semanas: la actuación de oficio de la Fiscalía Anticorrupción, la dimisión de Alfredo Sánchez Monteseirín y la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Sevilla presidida por la oposición municipal.
Los populares insistieron en la implicar en las irregularidades del distrito Macarena a la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, que fue concejal de Hacienda de Sevilla entre junio de 2003 y abril de 2004. Asimismo, Zoido señaló que su grupo pedirá una comisión de investigación en el Parlamento andaluz para "aclarar" la perspectiva urbanística en el Ayuntamiento de Marbella.
Chaves, por su parte, destacó que su partido será "intransigentes" para garantizar la "limpieza" en las instituciones. En su intervención ante el Comité Director del PSOE andaluz, máximo órgano de decisión entre congresos, Chaves destacó que es "bueno que se haya reconocido que se han cometido errores" en el caso de las facturas falsas de Sevilla.
Añadió que el PSOE de Sevilla, con su secretario general, José Antonio Viera, y el alcalde de la capital, Alfredo Sánchez Monteseirín, al frente, están haciendo "lo que tienen que hacer y lo están haciendo bien". Chaves denunció también que el PP está instalado en "posiciones antisistema" dentro de una estrategia de "radicalización y descalificación global" que persigue volver a convertir la comunidad en un "escenario de crispación".
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