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PRECAMPAÑA ELECTORAL VASCA

PP y PSOE se felicitan de que "ETA no estará en las instituciones por vez primera"

El ministro de Justicia afirma que se han respetado todas las garantías de la Constitución

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró ayer que en la anulación de las candidaturas de Aukera Guztiak, al "quedar probada la conexión causal con ETA-Batasuna", se han observado "todas las garantías del Estado constitucional" y el Tribunal Supremo "ha hecho su trabajo de forma independiente". El PP también mostró su satisfacción porque con la anulación de las listas de AG "va a ser posible que por primera vez en España todas las instituciones democráticas se articulen sin que participe ningún tipo de fuerza política que pueda representar a los terroristas".

PSOE y PP mostraron ayer su satisfacción por la anulación de la candidatura Aukera Guztizak (AG) a las elecciones vascas del 17 de abril, aunque líderes de otras fuerzas ajenas al nacionalismo vasco expresaron sus reticencias.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró que la sentencia del Supremo pone de manifiesto que la lista de AG "pretendía dar continuidad fraudulenta a una organización declarada ilegal por dar cobertura al terrorismo" y "no debe concurrir a las elecciones una candidatura que pretende beneficiarse de todas las ventajas de la representación en las instituciones, pero es incapaz de acatar las más elementales reglas de juego", dijo en Las Palmas de Gran Canaria.

Según López Aguilar, "no puede ser que se pretenda obtener representación institucional desde la amenaza o la intimidación que pretende depurar artificialmente el censo electoral del País Vasco a base de extorsionar, chantajear o asesinar a los que no están dispuestos a votar por las listas de la llamada izquierda abertzale".

El ministro afirmó que actuará contra cualquier otra lista sobre la que existan sospechas fundadas de que se trata de "un instrumento subrogado" del entorno de Batasuna para concurrir a las elecciones en el País Vasco.

Por su parte, el secretario general del grupo socialista en el Congreso, Diego López Garrido, afirmó que la lista de AG sabía que se exponía a ser anulada por el Tribunal Supremo cuando no condenó el terrorismo de ETA. Según el dirigente socialista, AG tuvo su oportunidad de evitar la anulación pero no lo hizo, por lo que "no caben sorpresas" respecto a la resolución del Supremo.

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Por parte del PP, la secretaria ejecutiva de Política Autonómica, Soraya Sáenz de Santamaría, se felicitó de la decisión tomada por el Supremo y consideró que la organización terrorista ETA queda "erradicada de la vida parlamentaria vasca", y "más cerca" de que también desaparezca "de la vida de los vascos y de todos los españoles". "No sólo porque hemos ahogado su voz en el Parlamento vasco, sino, sobre todo, porque ya no podrá acceder a las listas electorales y a las subvenciones que pagamos todos los españoles de nuestros bolsillos", dijo.

"Puro teatro"

La portavoz del PP acusó al lehendakari, Juan José Ibarretxe, de hacer "puro teatro" cuando defiende la participación de AG en los comicios vascos para que esos votos vayan a parar al PNV.

El secretario general de ERC, Joan Puigcercós, dijo que "lo lógico hubiera sido cambiar la Ley de Partidos y que Batasuna se hubiera podido presentar", y precisó que "el PP y el PSOE han condicionado de tal modo el sistema judicial que la decisión de ilegalizar esta candidatura es una decisión política".

El líder de IU, Gaspar Llamazares, afirmó que el Supremo "ha utilizado un criterio, que es el de excepción, la razón de Estado, frente a las garantías democráticas", y opinó que "la mejor fórmula para ilegalizar a Batasuna y a su entorno es la fórmula electoral, es decir, que los ciudadanos rechacen en elecciones libres sus candidaturas".

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, declaró que la sentencia que ilegaliza a AG desgrana hechos no concluyentes y tiene el problema de que esos hechos se pueden "derrumbar" como, por ejemplo, si Aukera condenase la violencia antes de que el Tribunal Constitucional se pronunciase.

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