El Gobierno confirma en Jaén cuatro denuncias de extorsión a inmigrantes

La Subdelegación del Gobierno en Jaén confirmó ayer la existencia de al menos cuatro casos de extorsión a inmigrantes durante el proceso de regularización. Estas denuncias podrían coincidir con las desveladas por Comisiones Obreras, que constató la existencia de cuatro empresarios que habían llegado a pedir 3.000 euros a inmigrantes para tramitarle su regularización.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Fernando Calahorro, no desveló más detalles amparándose en que los casos están en los tribunales. "Hemos detectado tres o cuatro casos complejos que están en los tribunales", afirmó ayer. En días pasados, el responsable de Migraciones de CC OO en Jaén, Juan Carlos Galiano, informó que otros muchos empresarios han optado por despedir a los inmigrantes que tenían a su cargo antes de regularizarles.

En relación a otra de las denuncias sindicales, la existencia de un posible "mercadeo" con los certificados de empadronamiento que se exigen para tramitar los expedientes de regularización, Fernando Calahorro manifestó que se están "cruzando" los datos entre las solicitudes presentadas y las admitidas con el fin de comprobar la validez de esos certificados. En otros casos, los sindicatos han alertado de casos de empadronamientos masivos y la existencia en una misma vivienda de hasta 15 o 20 inmigrantes en condiciones de hacinamiento.

Hasta el momento, en la provincia de Jaén se han presentado 1.048 solicitudes de regularización y se han aceptado 652 (el 62%). El resto, según Calahorro, son las que se están investigando, bien por la ausencia de algún documento o bien para "cruzar" los datos de empadronamiento con los censos de cada municipio. Aunque el subdelegado del Gobierno en Jaén admitió que las cifras de solicitudes presentadas están "por debajo de lo esperado", se mostró convencido de que el proceso se acelerará hasta el próximo 7 de mayo, cuando finaliza el plazo. En Jaén se barajaba una cifra de 3.000 solicitudes.

Con todo, Calahorro destacó que este proceso está sirviendo para que aflore el empleo irregular. Anunció que se va a hacer un estudio sobre la incidencia de la economía sumergida en la provincia y se mostró muy crítico con el Gobierno regional de Murcia, que ha achacado el alto porcentaje de empleo encubierto al peso de la agricultura.

En Jaén, el 81% de las solicitudes de regularización presentadas corresponden a la agricultura. "En general, esperábamos más reticencias y situaciones anormales en la agricultura, mientras que pensábamos que sectores como la hostelería, la construcción o el servicio doméstico iban a funcionar mejor", dijo Calahorro.

No obstante, la organización agraria Asaja denunció ayer que "el encorsetamiento y la rigidez" de los requisitos para la regularización de inmigrantes provoca que en el campo andaluz "no se alcance el 10% de inmigrantes regularizados", informa Europa Press.