Una oportunidad que no debemos perder

El incidente surgido en la política catalana -y por extensión en la española- con motivo del debate en el Parlamento autonómico sobre el suceso acaecido en las obras del barrio del Carmel y que podía haber complicado seriamente la situación política general, parece haberse serenado. Lo que al principio fue considerado una imprudencia provocada por el acaloramiento del debate, ha servido para abordar un problema que, sospecho, no es exclusivamente catalán.

Hay un runrún difícilmente comprobable en torno a la política y los políticos generalizado en el conjunto de España que atribuye a los partidos el financiarse con recursos que proporcionan las empresas a las que se conceden encargos de obras públicas. Añadiría que ese runrún yo lo he percibido en todos los países democráticos a los que mi largo exilio político me llevó. En algunos casos extraordinarios la acción de los tribunales pareció confirmarlo. Pero en general el fenómeno no ha podido salir de la categoría del runrún. Excepto en Italia, donde las investigaciones de los jueces llevaron al hundimiento del sistema hegemónico gobernante desde 1947, basado en la colaboración de la socialdemocracia y la democracia cristiana, cuando a la primera potencia mundial dejó de interesarle su mantenimiento a toda costa, superado "el peligro comunista". Dicho sistema fue sustituido por la alternativa Berlusconi, que dio el poder a los que el runrún acusaba precisamente de ser los corruptores.

La única solución es que la financiación provenga exclusivamente de las instituciones del Estado

En todo caso, la emergencia del runrún en el debate catalán parecería servir para aislar y objetivar concretamente el problema de la financiación de los partidos políticos, esencial para la limpieza y solidez del funcionamiento democrático, problema que aún no tenemos bien resuelto en España. Necesitaríamos un método de financiación que asegure la total independencia de los partidos políticos con respecto a las empresas y grupos de intereses privados. Porque, además, podría ser cierto que a veces esta financiación perversa conduce a que esos grupos privados se resarzan ahorrando materiales necesarios a la solidez de las obras encomendadas. Y la única solución es que la financiación de los partidos provenga exclusivamente de las instituciones del Estado y esté democráticamente controlada. Es ésta quizá una asignatura pendiente que habría que abordar con transparencia también en regiones como Madrid, donde abundan las presunciones de corrupción.

Durante algunos días somos muchos los que hemos estado preocupados, pues la crisis catalana podía extrapolarse y amenazar al conjunto del proyecto político en el que estaban de acuerdo el Gobierno español y el tripartito catalán, de los que son figuras clave Zapatero y Maragall, proyecto que contaba con las simpatías de los sectores progresistas de todo el Estado, aunque también levantara desconfianzas en sectores tradicionalistas de la derecha española. Por parte de ésta ha habido una intención clara de explotar el incidente para hacer fracasar el intento de poner al día algunos puntos de nuestra Constitución y de satisfacer las apetencias de reforzar el autogobierno manteniendo la unidad del Estado español. Es claro que el método -o si se quiere la vía- que habían iniciado los partidos catalanes para concertar un proyecto de ampliación de su Estatuto se había convertido en el ejemplo por el que la reforma podía llevarse a cabo. Si como consecuencia del conflicto surgido en Cataluña esa vía se hubiera cerrado, es todo el proyecto el que podía entrar en crisis. Pues no cabe duda de que un hecho así fortalece en el conjunto del Estado las tendencias de lo que pudiéramos llamar el "nacionalismo españolista" que los dirigentes del PP tratan de capitalizar también para impedir que el Gobierno de Zapatero culmine la legislatura; sin olvidar que ese "nacionalismo españolista" existe también en otras formaciones, incluidos sectores del partido gobernante y de la izquierda.

Redimensionar el incidente parlamentario autonómico confirma el famoso seny que ha caracterizado siempre a los políticos catalanes y que ha hecho que históricamente Cataluña haya sido uno de los pueblos que han estado en vanguardia del progreso democrático del Estado español. Y, efectivamente, la rectificación de Maragall y la retirada de la denuncia de CiU, e incluso de la moción de censura de Piqué, parecen haber restablecido un clima de serenidad. Si esto se confirma se despeja el camino al proyecto político progresista que el país votó hace un año.

A lo largo de muchas generaciones, incluso entre las fuerzas de derecha, ha habido una polémica: "España como problema", o "España sin problema". Aunque los que reconocían el "problema" no fueran nunca capaces de llegar hasta su raíz real y de dar con soluciones acertadas, es lo cierto que "problema" había y que ese problema recibió un comienzo de solución en la Constitución de 1978, cuando se instauró una nueva visión del Estado, el sistema autonómico y se estableció un reconocimiento de dos realidades: las nacionalidades y las regiones.

Esa división no rompía una unidad irrenunciable: la de la igualdad de derechos y deberes del ciudadano, habite en una nacionalidad o en una región. Tampoco afectaba a la solidaridad entre los ciudadanos de regiones o nacionalidades, imprescindible para hacer realidad la igualdad de derechos entre todos. Se ha creado la posibilidad de que España deje de considerarse un problema. Repito, la Constitución del 78 abrió el camino a la solución y ahora existe una situación política favorable a su culminación, de una forma que respete por igual el sentimiento nacional de unos y otros en un Estado común: España. No hay que perder esta oportunidad.

Santiago Carrillo, ex secretario general del PCE, es comentarista político.