Bricall propone un Consejo de las Artes capaz de influir en la política cultural

Transparencia en las decisiones, racionalización de los criterios y un estricto código ético que evite tanto la endogamia como la incompatibilidad. Estos son, a grandes rasgos, los ejes sobre los que gira la propuesta que Josep Maria Bricall presentó ayer para la creación en Cataluña del Consejo de la Cultura y las Artes. Este organismo, que será autónomo y con una capacidad ejecutiva limitada, debe crearse por ley en el Parlament a lo largo de 2005 y se prevé que participe en la definición de las grandes líneas de política cultural y tenga responsabilidad directa en la concesión de ayudas.

En abril de 2004, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, nombró comisionado para la elaboración de un proyecto de Consejo de la Cultura y las Artes a Josep Maria Bricall en respuesta al compromiso que el tripartito adquirió en el pacto del Tinell. De hecho, en materia cultural este proyecto es, junto al de duplicar el presupuesto, el de mayor ambición durante la actual legislatura, por lo que el Documento Bricall era esperado con expectación por el sector cultural, que abarrotó ayer la sala en la que se hizo público el informe.

Durante estos meses, Bricall ha analizado, junto a su equipo, los consejos de las artes que existen en el mundo -entre ellos, el Arts Council británico y el Consejo de las Artes de Quebec (Canadá)-, se ha entrevistado con 250 personas, ha redactado dos documentos previos de trabajo y, finalmente, presentó ayer su propuesta de cómo tendría que ser este consejo.

Y ya está aquí. Un documento de 38 páginas consultable en la web http://cultura.gencat.net/comissionatcca. El Consejo de la Cultura y las Artes de Cataluña (CCAC) sería, de acuerdo con este documento, un organismo dependiente del Departamento de Cultura de la Generalitat que tendría autonomía organizativa, presupuestaria, financiera, administrativa y disciplinaria. Estaría integrado por 17 miembros de los cuales 3 serían nombrados por el Parlament, aunque no tendrían voto, y el resto serían personas relacionadas con la cultura que no representarían a ningún sector en concreto ni tampoco opciones políticas. El procedimiento para nombrarlos es un tanto intrincado. El presidente de la Generalitat nombraría a un comité de expertos, integrado por un máximo de tres personas, que elaboraría la lista razonada que se acompañaría de los currículos de los integrantes. El Parlament debería votar la lista en bloque. Si no se aprobara, se reanudaría el proceso.

Este consejo no supondría la desaparición del Departamento de Cultura, aunque a corto o largo plazo exigiría su reforma, que mantendría la total responsabilidad en la gestión de los equipamentos públicos (bibliotecas, museos, archivos...) y elaboraría las grandes líneas de actuación cultural. En este último punto, sin embargo, el Documento Bricall es lo suficientemente abierto como para permitir la delegación de algunas responsabilidades en el consejo, que en cualquier caso debería ser consultado e informado de las decisiones que afecten a la política cultural y tendría la capacidad de emitir informes, dictámenes y recomendaciones. De hecho, lo primero que hace el documento es pedir que se cree un Programa Plurianual de Cultura, en cuya elaboración debería participar el CCAC, que todos los años realizará un informe general sobre la cultura catalana.

El CCAC compartiría la responsabilidad de establecer los criterios y dictaminar las ayudas a la creación (becas, subvenciones, etcétera) con el Departamento de Cultura, aunque el voto de calidad en caso de empate lo ejercería el presidente del CCAC. "El objetivo es la racionalidad y la transparencia", indicó Bricall. Será, añadió, la capacidad del propio CCAC para ganarse un prestigio lo que le otorgará autoridad moral para intervenir de forma efectiva en la política cultural. Esta es la propuesta, ahora serán los grupos políticos en el Parlament los que darán forma a una ley que, según la consejera de Cultura, Caterina Mieras, "busca el máximo consenso".