El fiscal pide 17 años por el 'caso Pipol' para dos implicados en el 11-M

El fiscal del denominado caso Pipol, José Perals Calleja, presentó ayer el escrito de acusación previo al inicio del juicio oral. En éste pide un total de 17 años de cárcel para Emilio Suárez Trashorras y para su compinche Antonio Toro Castro por un delito de tráfico de estupefacientes y otro de tenencia y tráfico ilícito de explosivos. Los dos están acusados de facilitar la Goma 2 Eco utilizada en los atentados del 11-M.

La denominada Operación Pipol fue desarrollada por agentes del Grupo de Estupefacientes de la comisaría de Gijón (Asturias) durante los primeros meses de 2001, al detectar una banda que se dedicaba a introducir cocaína y hachís para ser distribuidos por el Principado. El cabecilla de la red era el supuesto narcotraficante gallego Marcos Barreiro Magán, de 29 años. Tenía como hombre de confianza a Antonio Toro Castro, de 27 años, quien era el encargado de transportar la droga desde Galicia a Asturias por carretera, "en cantidades superiores al kilogramo", según consta en el escrito de acusación de la fiscalía. También le ayudaba en la realización de funciones de vigilancia en los viajes al sur de España para la adquisición de hachís.

Barreiro también tenía como transportista a José Ignacio Fernández Díaz, Nayo, de 30 años. El fiscal no hace ninguna solicitud sobre este encausado, ya que está fugado de la justicia. Otro de los que se encargaba de mover la droga era Emilio Suárez Trashorras, de 28 años. Éste se dedicaba a hacer de intermediario o alquilar y conducir vehículos para desplazarse por la Península para adquirir el estupefaciente.

José Perals, actual fiscal antidroga de Asturias, considera en su escrito que el 22 de mayo de 2001 Barreiro se desplazó a Madrid para adquirir 10 kilos de cocaína a un precio de 29.450 euros por kilo. En dicho viaje fue acompañado por Toro "para ayudarle en sus actividades ilícitas, actuando a sus órdenes". El 25 de ese mes quedó con una tal Ana, que le suministró la droga en El Corte Inglés de la madrileña calle de Princesa. La mujer no fue imputada, ya que no ha podido ser identificada.

Idénticos viajes fueron efectuados a Gibraltar el 12 de junio y el 3 de julio de 2001 a Andalucía para comprar hachís. Los vehículos (un Fiat Punto y un Opel Vectra) fueron alquilados por Suárez Trashorras y Antonio Toro en Avilés y en Gijón.

El fiscal deja claro en su escrito que Suárez Trashorras, Toro y el Nayo se dedicaban a la venta de cartuchos de dinamita Goma 2 Eco, la misma utilizada en los atentados del 11-M y por lo que los dos primeros están encausados. En las diligencias de la Operación Pipol "no consta la fuente de aprovisionamiento", según el escrito.

Ambos se dedicaban a ofrecer los explosivos en los ambientes nocturnos de Gijón. "En concreto, en ese verano del año 2001, Toro y Suárez Trashorras le ofrecieron dinamita, en al menos tres ocasiones, a Francisco Javier Lavandera Villazón, persona que trabajaba en el club Horóscopo, llegando a enseñarle la dinamita Toro en el centro de Gijón cuando la trasladaba en el maletero de su vehículo, hallándose dicha sustancia explosiva en perfecto estado de uso y conservación", explica el escrito de acusación.

Tras las detenciones del 25 de julio de 2001, la policía registró con los correspondientes mandamientos judiciales diversos domicilios y locales comerciales que eran propiedad o estaban arrendados por los detenidos. En la plaza 17 del garaje situado en la calle de Eloy Fernández Caravera de Avilés los investigadores decomisaron 16 cartuchos de dinamita industrial Goma 2 Eco de una medida de 26 por 200 milímetros cada uno y 94 detonadores eléctricos industriales por retardo de 500 milisegundos marca UEB, además de 54,5 kilos de hachís. Ni el juez instructor ni el fiscal que había entonces en el caso pidieron a la Policía Judicial ni a la Guardia Civil que investigaran la procedencia de los explosivos.

El fiscal también pide para Toro y Suárez Trashorras una multa de 218.000 euros para cada uno. Estos dos inculpados son los que tienen una petición de condenas más alta dentro de los 20 detenidos por la Operación Pipol. Para Laurencio Castaño García, el policía municipal de San Martín del Rey Aurelio, de 41 años, Perals solicita 13 años de prisión y una multa de 200.000 euros, junto con una inhabilitación de 12 años. Este agente se dedicaba a distribuir la cocaína a pequeños traficantes. "Para ello se aprovechaba de su condición de policía", señala el escrito del fiscal. Era ayudado por su esposa, la también acusada Sonia García Rodríguez.