La Comunidad cifra en 1.000 millones los impuestos que tiene pendientes de cobro

La Comunidad de Madrid considera que miles de ciudadanos e instituciones públicas y privadas -incluidos el Principado de Asturias, la Unión Europea y la Generalitat de Cataluña- le adeudan 932 millones de euros por impuestos no devengados. Una auditoría de la Cámara de Cuentas desvela que buena parte de estas cantidades no podrán ser cobradas nunca por la Comunidad, por haber prescrito, haber sido recurridas y ganadas en los tribunales por los afectados o, simplemente, porque, según los auditores, ya han sido pagadas, aunque la Comunidad no lo reconozca.

El Gobierno regional, según se refleja en los presupuestos generales de 2003 -elaborados por el equipo del ex presidente, Alberto Ruiz-Gallardón, pero ejecutados en parte por su sucesora, Esperanza Aguirre- afirma que los contribuyentes privados le deben 319 millones. De éstos, 76 millones corresponden al impuesto sobre sucesiones y donaciones no abonado; otros 49,8 millones al impuesto de transmisiones patrimoniales, y 15 más al impuesto de actos jurídicos documentados. Estos dos últimos se pagan cuando se produce la venta de una vivienda entre privados.

Pero no son los únicos morosos que están en el punto de mira del Gobierno regional. Según la Comunidad de Madrid, los empresarios madrileños también tienen una factura pendiente de 8,6 millones de euros en concepto de recargo por el impuesto de actividades económicas no devengado (IAE). De todas formas, según la Cámara de Cuentas, que ha auditado los presupuestos generales de la Comunidad de 2003, debe ser el Ayuntamiento de Madrid quien se encargue de pasarles la factura.

Las administraciones públicas no se libran tampoco de las reclamaciones económicas de la Comunidad. Ésta exige al Ayuntamiento de Madrid 6,8 millones de euros por anuncios insertados en el Boletín Oficial de la Comunidad. De todas formas, el Ayuntamiento no parece dispuesto a hacer frente a este pago, ya que los tribunales le han venido dando sucesivamente la razón y considera que no debe pagar estos anuncios.

Tajo-Segura

El Gobierno regional también reclama otros 3,8 millones de euros al Trasvase Tajo-Segura por el agua llevada hasta las cuencas mediterráneas. Pero la Cámara de Cuentas afirma que el trasvase ya ha pagado 3,01 millones, por lo que la deuda con la Comunidad es sólo de 752.000 euros.

Los auditores públicos consideran que de los 932 millones de euros que la Comunidad reclama, 80 millones no se podrán cobrar nunca porque los expedientes administrativos contienen "errores materiales" o los jueces avalaron recursos de los contribuyentes afectados. La Cámara de Cuentas considera muy difíciles de cobrar 23 millones de euros en concepto de impuesto sobre sucesiones y donaciones y 26 más de transmisiones patrimoniales, así como otros cuatro más relativos al impuesto de actos jurídicos documentados.

De entre estos impuestos no cobrados, los auditores públicos hacen mención expresa a los siguientes casos. En 1994 murió, Pedro Masaveu, un millonario asturiano, y el Principado de Asturias reclamó a sus herederos el pago del correspondiente impuesto de sucesiones. La Comunidad de Madrid, que consideraba que Masaveu debía abonar los impuestos en la región por haber vivido en ésta, emprendió entonces un proceso judicial que actualmente está todavía en manos del Tribunal Supremo. En juego están 66 millones de euros.

Pero no es el único caso. A principios de los años noventa, la Delegación Especial de Hacienda emprendió una investigación sobre diversas liquidaciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). El valor del supuesto fraude descubierto ascendió a 71 millones de euros. Pero el Tribunal Supremo confirmó una sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba la inspección porque las inspecciones habían comenzado de oficio y basándose en la resolución de 16 de julio de 1992, que estaba anulada por los tribunales. Los auditores públicos consideran que estos 71 millones son "incobrables".

Los auditores también hacen mención a una deuda de 9,1 millones correspondiente al recargo del impuesto sobre actividades económicas y sobre la extinguida licencia fiscal del impuesto industrial. De esta cantidad, unos 140.000 euros no podrán ser nunca cobrados, porque nunca fueron ingresados por un recaudador que decidió quedarse con ellos a principios de los años noventa. Según opinan los auditores, de la Cámara de Cuentas, "las deudas han prescrito".