El Gobierno advierte de que las negociaciones con los vecinos del Carmel serán "largas y complicadas"

El secretario general de Presidencia de la Generalitat, Ramon García-Bragado, advirtió ayer de que las negociaciones con los vecinos del Carmel "serán largas y complicadas porque afectan a cuestiones complejas". García-Bragado añadió: "Las peticiones de los vecinos son sensatas [exigencia de seguridad del subsuelo, valoración de los pisos y compensaciones por el mal trago], pero cuando se habla de cantidades aparecen discrepancias". El secretario general hizo estas declaraciones anoche, al término de la tercera tarde de largas reuniones entre la mesa negociadora del Gobierno y los vecinos del Carmel, que asisten a los encuentros en dos grupos: los más próximos al socavón, representados por sus abogados, y los líderes de la asociación de vecinos.

Por parte de la Generalitat, además de García-Bragado asistieron representantes del Departamento de Política Territorial y de los servicios jurídicos. Como en los dos encuentros anteriores, tampoco ayer hubo acuerdo, hasta el punto de que las dos partes admiten que los vecinos pasarán la Semana Santa en los hoteles.

Y es más. Las reuniones sirvieron para constatar dos cuestiones. Por una parte, que la asociación de vecinos no está dispuesta a ceder en su demanda de indemnizaciones por daños morales de 30.000 euros por persona, y por otra, que existe una profunda división entre esta asociación y las casi dos terceras partes del millar de afectados que han contratado abogados para que defiendan sus intereses. Estos letrados hasta ahora no han sido reconocidos como interlocutores por la Administración, que ha negociado con la entidad vecinal, salvo en los casos específicos, como el de los afectados que se han quedado sin casa y los más próximos a los derribos.

El desencuentro entre los afectados se puso de manifiesto ayer como nunca antes. Los representantes de la asociación de vecinos vetaron la presencia en la reunión del abogado Juan Javier Antequera, que representa a 255 desalojados. Los líderes vecinales sí permitieron la entrada de la abogada Mari Carmen Pérez-Pozo, que representa a otros 250 desalojados, por su doble condición, ya que también está desalojada de su despacho profesional en el Carmel.

El letrado Antequera precisó: "Nosotros [los abogados de su despacho, sumados a Pérez-Pozo y el Col.lectiu Ronda] podemos acreditar que representamos a entre el 60% y el 70% de los afectados, pero ¿sabemos a cuántos afectados representa la asociación de vecinos?".

Horas antes, a media tarde, el presidente de la asociación de vecinos, Fernando González, empleó duras palabras cuando se refirió a los abogados como "gente interesada". "Nosotros [la asociación de vecinos] defendemos el interés general", afirmó, y subrayó: "Cuando se fundó la asociación de vecinos, en 1972, ellos [los abogados] no habían nacido".

Más allá del rifirrafe entre los afectados, las negociaciones entre la Generalitat y los vecinos siguen encalladas. En el caso de la reunión con la asociación de vecinos, el Gobierno puso sobre la mesa una nueva compensación de 1.000 euros por persona, que se sumaría a los 6.000 por familia ya anunciados y a la ayuda mensual de otros 1.000 para las familias que tarden meses en volver a casa.

Los representantes vecinales la rechazaron e insistieron en su demanda de 30.000 euros por afectado, los mismos que se concederán a las familias que se han quedado sin casa. Además, plantearon nuevas demandas. "Parques y aparcamientos, fachadas limpias y arregladas, nuevas tecnologías y ADSL para los chavales, y ascensores", enumeró González a preguntas de los informadores.