Gobierno y agentes sociales pactan los contenidos y plazos de la reforma laboral

El Gobierno y los agentes sociales pretenden revisar el mercado laboral español en cuatro aspectos fundamentales: regulación, costes de contratación, políticas activas y protección de paro, así como servicios públicos de empleo. Los negociadores, que ayer arrancaron el debate para consensuar esos cambios, realizaron las primeras propuestas y se comprometieron a alcanzar un acuerdo antes de finales de julio. A finales de abril el Gobierno presentará a las partes un documento que aglutine las sugerencias de los agentes sociales, sobre el cual iniciar la negociación.

La mesa del mercado de trabajo, responsable de dirimir los cambios que se quieren introducir en el panorama laboral, mantuvo ayer su primera reunión formal. Las partes fijaron tres objetivos para la reforma: aumentar la creación y calidad del empleo, con seguridad para los trabajadores y flexibilidad para las empresas; promover la integración de la mujer y de los colectivos desfavorecidos; fortalecer las políticas de empleo y el papel de los servicios públicos de empleo. Así figura en un comunicado hecho público al final de la reunión, que se prolongó durante tres horas.

Las partes acordaron debatir sobre cuatro bloques fundamentales, según fuentes de la negociación. El primero será la regulación del mercado de trabajo. En este apartado se encuadra la contratación temporal, que afecta a casi un tercio de los trabajadores. Reducirla constituye el principal objetivo de la reforma. También se estudiará la regulación de las subcontratas.

Costes de los contratos

Otro de los aspectos para analizar serán los costes laborales, principalmente los de los contratos temporales frente a los indefinidos, un asunto que previsiblemente suscitará las discrepancias de los negociadores. También se abordarán posibles cambios en las políticas activas de empleo, las que incentivan la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos.

A propuesta de los sindicatos -inicialmente no estaba previsto en la agenda- se ha acordado introducir una reflexión sobre el sistema de protección al desempleo, principalmente centrada en los colectivos que ahora están poco protegidos, como los mayores o los trabajadores con contrato a tiempo parcial. También se debatirá sobre el papel de los servicios públicos de empleo.

Con estas prioridades, se crearán dos grupos de trabajo: uno para tratar sobre la regulación y los costes y un segundo que estudie las políticas activas y la protección por desempleo.

Además de abordar los temas que centrarán el debate, las partes se pusieron de acuerdo en el calendario. El mes de abril servirá para "intercambiar propuestas" entre los negociadores, de forma que a final de mes el Gobierno redacte un documento con las propuestas ya más perfiladas. En mayo y junio transcurrirá la verdadera negociación para tener un acuerdo definitivo antes de que finalice julio.

Por parte del Gobierno asistieron a la reunión el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, el secretario de Estado de Economía, David Vegara, y la secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo. Resulta significativa la presencia de Murillo en las negociaciones sobre reforma laboral, reflejo de la importancia que el Ministerio de Trabajo pretende conceder a la igualdad entre hombres y mujeres en las novedades que se aplicarán al mercado de trabajo. En España, la tasa de paro de las mujeres (14,39% de la población activa femenina) duplica la de los hombres (7,55%).

Los responsables de acción sindical de UGT, Antonio Ferrer, y de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, asistieron por parte de las centrales, mientras que la patronal estuvo representada por su secretario general, Juan Jiménez Aguilar.