Familias de víctimas de un derrumbe de hace cinco años piden responsabilidades

Los familiares de algunas víctimas mortales por el hundimiento del puente de Esparreguera (Baix Llobregat), en junio de 2000, se quejan de la lentitud de la justicia cinco años después de los hechos, en los que murieron cuatro personas. Los familiares quieren que el ingeniero que proyectó el puente, quien en la vista previa aseguró que no era un especialista en la materia, declare como imputado.

Los hechos ocurrieron el 10 de junio de 2000 en el puente de la carretera N-II sobre la riera de Magarola. Murieron dos hermanos que en aquel momento cruzaban el puente y dos guardias civiles que intentaban rescatar sus cuerpos.

"Es como si se estuvieran riendo de nosotros, y a eso no hay derecho". Rafael Sánchez Justo es el hermano mayor de Antoni y Jordi, de 24 y 20 años, que fallecieron en el suceso. Rafael se siente "humillado". Compara su tragedia con la del barrio barcelonés del Carmel y se pregunta por qué en este caso ha habido tanta celeridad en señalar responsables y en el suyo todo es tan lento: "En el Carmel son centenares de familias, nosotros sólo una; ellos han tenido pérdidas materiales, nosotros humanas, y eso ya no nos lo puede devolver nadie". "Nadie tiene en cuenta el mal psicológico que nos han hecho", concluye Rafael.

La familia de Rafael y el Ayuntamiento llevan tiempo batallando en el juzgado número 3 de Martorell para que alguien asuma la responsabilidad de un puente, que se derrumbó cuando los dos benjamines de la familia Sánchez Justo lo cruzaban para ir a trabajar. El agua también se llevó la vida de dos guardias civiles que intentaban rescatar los cuerpos de los dos hermanos.

Las pruebas se retrasan

Pero esclarecer los hechos, según los abogados de la acusación, está siendo una ardua tarea. Aseguran que es como moverse por una complicada "telaraña". La letrada que representa al Ayuntamiento, Carme Sala, explica: "Solicitamos pruebas y se retrasan, no se encuentra el individuo que solicitamos o comparece y no sabe nada". Ni tan siquiera, asegura el abogado de la familia, Juan Galera, "tenemos el cuerpo del delito [el proyecto de ampliación del puente]". Galera se cuestiona: "¿Es porque no existe o está tan mal hecho que no nos lo quieren dejar ver?". ¿Por qué el puente inaugurado en 1989 se derrumbó, mientras que el puente centenario por el que discurre la autovía en dirección a Lleida permanecía en pie? En opinión de los letrados, el puente no lo derribó una tormenta excepcional, sino que se desplomó por un cúmulo de imprudencias. Hubo avisos previos. Un estudio del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedes) de 1992 ya alertaba del "proceso de progresivo deterioro" que sufrían "el tablero y las pilas".

Otro presunto responsable, a juicio de los abogados de la acusación, sería la Agencia Catalana del Agua (ACA). De acuerdo con el informe del perito judicial, la reducción del cauce "fue una causa muy importante" del siniestro. El deseo de Rafael Sánchez es el mismo, pero añade otra cosa: "Que no se vuelva a desplomar otro puente y, sobre todo, que no tengan que morir personas para que arreglen las cosas".