Lo que el 11-M dejó al descubierto

El 11 de marzo de 2004, un grupo de terroristas (entre 10 y 13) colocó en los vagones de cuatro trenes que se dirigían al centro de Madrid 13 mochilas cargadas de muerte. El peor atentado en la historia de España costó la vida a 191 personas, hirió a más de 1.500 y puso al descubierto numerosas deficiencias en los sistemas públicos de seguridad para prevenir atentados.

Entre los terroristas figuraban delincuentes comunes fichados por la policía (Jamal Amidhan, el Chino, que consiguió la Goma 2 necesaria para la matanza), radicales islamistas a los que las fuerzas de seguridad habían seguido hasta unos días antes del atentado (entre ellos El Tunecino, al que se considera el jefe del comando) y un terrorista condenado (Alekema Lamari, al que se atribuye la dirección espiritual del grupo) que había sido excarcelado por un grave error judicial.

La dinamita utilizada en el atentado había sido robada, con gran facilidad, en la mina asturiana Conchita por un ex trabajador de la misma (Emilio Suárez Trashorras) en colaboración con otros mineros. El robo se produjo en un país, España, que sufre el terrorismo desde hace más de 30 años, con cerca de 1.000 muertos. Tres años antes de ese robo, en una operación policial contra el narcotráfico, se encontraron detonadores y explosivos, pero no se investigó su procedencia.

La policía y la Guardia Civil tenían soplos de confidentes desde 2001 sobre tráfico ilegal de explosivos en Asturias, pero no pudieron hacer nada. Todo esto ocurrió durante el mandato del Partido Popular, cuya política se volcó en la lucha contra el terrorismo de ETA con importantes resultados.

Los mandos policiales y los políticos no esperaban un atentado de esta magnitud dentro de España, según han declarado, pese a los informes de los servicios de información que alertaban del riesgo creciente y existente. Nadie entendió la gravedad de la amenaza y no se aprobaron planes ni se aplicaron políticas para derrotar a la amenaza.

Lo que sigue resume los principales fallos de seguridad detectados tras la investigación abierta por los atentados del 11-M.

- El descontrol de explosivos. La mina Conchita era un lugar donde el robo de explosivos resultaba relativamente sencillo, según la investigación que la Guardia Civil hizo para el juez Juan del Olmo, que investiga el 11-M. Su horario era de 8.00 a 15.00, de lunes a viernes, permaneciendo cerrada el resto del día sin la presencia de persona alguna. Los libros de registro reflejaban consumos de explosivos en cantidades sospechosamente redondas, que dejaron de serlo unos días después del atentado.

En España se manejan al año cuatro millones de kilogramos de Goma 2 en unos 10.000 polvorines (empresas mineras, constructoras para canteras, túneles, embalses, demolición de edificios...). El Gobierno socialista aprobó ayer mismo medidas para castigar con penas de cárcel la falta de celo en el cuidado de explosivos y cambio el reglamento que regula su fabricación, depósito y comercialización.

- Una investigación necesaria que no se hizo. La policía desarticuló una red de narcotráfico en Asturias en el verano de 2001. En los registros del garaje de uno de los jefes de aquella red descubrieron pequeñas cantidades de Goma 2 y 94 detonadores. En la instrucción judicial de aquel caso, conocido como Operación Pipol, no se hizo ni una diligencia encaminada a conocer la procedencia del explosivo, cuya existencia conoció la Delegación del Gobierno en Asturias, bajo mandato del PP, en el momento de producirse.

El fiscal jefe de Asturias, Gerardo Herrero, explicó así a EL PAÍS la falta de celo policial y judicial en esa investigación: "Es que aquí los explosivos es una cosa bastante habitual. Aquí hay mucho minero retirado. Y además el explosivo no era mucho. Por eso se dio más importancia a la droga".

Sólo tres años después, las mismas personas a las que se encontró en posesión de pequeñas cantidades de Goma 2 y 94 detonadores, suministraron a los terroristas del 11-M más de 200 kilos de dinamita con los que ocasionaron 191 muertos y más de 1.500 heridos.

- Sin información de las cárceles. La política antiterrorista del Gobierno del PP sufrió una fuga de información relevante por la inexistencia en el Ministerio del Interior de traductores de árabe asignados a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Todas las comunicaciones de presos islamistas acusados de delitos de terrorismo fueron grabadas, en aplicación de la ley, pero nadie las transcribió porque no existían traductores de árabe, según consta en un informe oficial. Ese importante agujero de información existía a pesar de que, desde 1997, comenzaron las encarcelaciones de presos sospechosos de actividades terroristas relacionadas con el fundamentalismo islamista. Ignacio Astarloa, representante del Gobierno del PP en esta materia, eludió también su responsabilidad en este asunto: "Nunca recibí de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni realmente de nadie, en el Ministerio del Interior una petición, ni genérica ni específica, sobre que se incrementase el número de traductores de árabe".

- El descontrol judicial. La Sección Tercera de la Audiencia Nacional calculó mal, por error, la base para fijar el plazo máximo de prisión preventiva de Alekema Lamari, un terrorista islamista que se convirtió en uno de los jefes del comando del 11-M. El error lo cometió la Audiencia el 6 de julio de 2001 y persistió en el auto del 9 de abril de 2002 que fija la salida de prisión el 29 de junio de 2002. La Audiencia no comunicó esta circunstancia al Supremo, que estaba resolviendo un recurso de amparo que convertiría la sentencia en firme. El Supremo dictó sentencia el 7 de junio de 2002 (antes de que Lamari saliera en libertad como consecuencia del error y, por tanto, a tiempo de que no fuera excarcelado) pero no comunicó el fallo a la Audiencia Nacional hasta el 24 de julio de 2002, cuando Lamari estaba en la calle. Hasta un año después (18 de junio de 2003) no se dicta orden de busca y captura por quebrantamiento de condena. El 11 de noviembre de 2003, muchos meses después de estos hechos, la inspección del Consejo General del Poder Judicial inspeccionó la sección Tercera de la Audiencia Nacional y elaboró un informe que señalaba que la efectividad de la ejecución de las sentencias en esa sección era correcta.

Los errores de los jueces en el caso Lamari, considerados falta grave por la Ley, han quedado impunes porque han prescrito. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo no han tomado hasta ahora ninguna medida para evitar que vuelva a ocurrir.

Con información de Elsa Granda, Jorge A. Rodríguez, José María Irujo, Francisco Mercado, Miguel González y Luis Gómez.