El Gobierno dedicará más de 1.000 policías contra el terrorismo internacional en tres años

El Consejo de Ministros dedicó su sesión de ayer a aprobar medidas para mejorar la eficacia en la lucha contra el terrorismo, pues, como dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, "los terroristas deben saber que nunca capitularemos ante criminales como los del 11-M". La vicepresidenta y el ministro del Interior, José Antonio Alonso, aseguraron, al final del Consejo, que antes de acabar la legislatura habrá más de mil policías dedicados a la lucha contra el terrorismo islamista. También anunciaron la modificación del Código Penal y el reglamento de explosivos para mejorar su control, y una normativa para perfeccionar el control de las cuentas bancarias que financian el terrorismo.

Entre las medidas aprobadas figuran algunas de las recomendaciones que el Gobierno recibió esta semana de la comisión parlamentaria del 11-M. Así, las medidas para el control de los explosivos responden a una de las deficiencias de seguridad más graves detectadas por dicha comisión: el uso de los explosivos. Otra de las medidas más urgentes de las recomendadas, de la que se hizo ayer eco el Consejo de Ministros, es el aumento de la plantilla policial de especialistas en el terrorismo islamista. Y, junto a ellas, las ayudas y el reconocimiento a las víctimas del terrorismo, así como la creación de la Oficina de Asistencia a las víctimas en la Audiencia Nacional.

- Aumento de plantillas. Interior ha aumentado las plantillas de policía y Guardia Civil especializadas en la lucha contra el terrorismo islamista en 300 efectivos, que alcanzarán una cifra superior a 1.000 al acabar la legislatura. También ha creado una nueva unidad en Interior para la "planificación, desarrollo y coordinación" de las bases de datos de ambos cuerpos.

- Control de explosivos. El Gobierno ha creado un nuevo tipo penal que castiga con cárcel e inhabilitación para el ejercicio de cargo público y profesión a aquellas personas que, obligadas a controlar y custodiar los explosivos, falten a sus obligaciones.

También ha modificado el reglamento de explosivos para elevar el nivel de seguridad. Así, las obras cuya duración superen los seis meses, y en las que haya almacenados 150 o más kilos de explosivos o mil detonadores, deberán contar con vigilancia privada. En los procesos de voladura, los responsables de las obras deberán contar con un servicio de vigilancia, y se realizarán registros individuales. En los transportes terrestres de explosivos se obligará a los vehículos a que estén conectados con la Guardia Civil.

- Financiación del terrorismo. El Gobierno aprobó la normativa interministerial para que la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo mejore las medidas de bloqueo de cuentas sospechosas, de provisión de apertura de cuentas y de las medidas de observación y vigilancia de las cuentas. Contará con el respaldo de los servicios del Estado. "Cuando alguna circulación de capital sea sospechosa de ser constitutiva de ayuda al terrorismo, será judicializada penalmente", dijo Alonso.

- Ayudas y reconocimiento de las víctimas. El Gobierno ha aprobado un plazo extraordinario, de seis meses, de solicitud de ayudas para las víctimas del terrorismo de acuerdo con la Ley de Solidaridad. Esta medida podría beneficiar a 107 víctimas del terrorismo, a los que corresponderían alrededor de 4 millones de euros en indemnizaciones. Estas personas habían quedado sin indemnización por no haber presentado la solicitud a tiempo o porque se les desestimó por extemporánea.

Asimismo, el Gobierno concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a 149 fallecidos el 11-M y al policía Francisco Javier Torronteras, muerto en la explosión de un piso en Leganés en el que se suicidaron siete terroristas islamistas. Aunque el 11-M murieron 191 personas, 42 no han recibido esta distinción porque para su concesión es requisito que la soliciten los familiares de las víctimas.