Las 36 asociaciones vecinales de Jaén toman el pleno para exigir limpieza, seguridad y servicios

Representantes de las 36 asociaciones de vecinos de la capital jiennense se concentraron ayer en el pleno del Ayuntamiento para demandar, en una unión sin precedente, más limpieza, seguridad y otros servicios básicos en los barrios de la ciudad. Sin embargo, el punto más controvertido fue el enfrentamiento entre PP y PSOE y que motivó que quedara sobre la mesa la adjudicación de 91 viviendas sociales que están construidas desde hace tres años. IU acusó a los dos grupos de ceder a las presiones de una asociación vecinal por el temor a perder votos.

La división en el movimiento vecinal de Jaén ha sido una constante en los últimos años, por lo que ayer cobró más importancia si cabe la concentración conjunta de las 36 asociaciones en el Pleno municipal. El presidente de la federación de asociaciones, José Bautista, blanco de las críticas de varios colectivos por su supuesta proximidad al PP, acabó cediendo finalmente al sentir mayoritario de esa plataforma vecinal y aceptó, tras varios meses de demora, encabezar la pancarta que ayer se desplegó en el salón de plenos, aunque dejó claro que también se movilizarán ante la Junta de Andalucía para reclamar las obras de su competencia.

El aumento de los medios materiales y humanos para la limpieza de las calles, la mayor presencia policial, la mejora del alumbrado, la descongestión del tráfico y medidas contra el "estado de abandono" del casco antiguo son las principales reivindicaciones que han trasladado al alcalde, Miguel Sánchez de Alcázar.

Por lo demás, la sesión plenaria, que fue interrumpida a media mañana para que políticos, funcionarios y ciudadanos de la capital guardasen unos emotivos minutos de silencio en memoria de las víctimas del 11-M, alcanzó su punto más álgido cuando se abordó la adjudicación de las 91 viviendas sociales construidas cerca del bulevar de la zona norte de la capital. Las viviendas, dirigidas a familias sin recursos y problemas de habitabilidad, están terminadas desde noviembre de 2002, pero no han podido ser ocupadas hasta ahora por las protestas de la asociación vecinal Expansión Norte, que se opone a la creación de güetos en esa barriada. Tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía han ido demorando una y otra vez el proceso de adjudicación, pero el consenso político parecía que se había alcanzado en la reunión del Patronato de Asuntos Sociales del pasado 3 de marzo. Sin embargo, cuando parecía que el punto iba a aprobarse por unanimidad, el portavoz del PSOE, Marcos Gutiérrez, advirtió que su grupo no iba a votar a favor al haberse detectado algunas irregularidades en el sistema de adjudicación. Los socialistas se oponían, sobre todo, a que se le diera una casa a un vecino denunciado por su anterior pareja por malos tratos, mientras que a ésta, que tiene la custodia de los hijos, se la dejó fuera de la lista. El PP argumentó un informe del secretario general donde posponía la decisión final a la resolución de los tribunales. "El Juzgado no es el lugar donde tiene que decidirse la adjudicación de viviendas, privando mientras tanto a unas familias humildes de su derecho a la vivienda", señaló el portavoz socialista, que ha pedido la convocatoria urgente del Patronato de Asuntos Sociales.

La decisión del PSOE hizo que el alcalde dejara el punto sobre la mesa, lo que motivó la indignación del concejal de IU José Luis Cano. "Ni PP ni PSOE tienen suficiente coraje ni valentía para adjudicar las viviendas por su temor a perder votos. Ha sido un auténtico despropósito y algo que cuestiona la viabilidad de las futuras promociones de viviendas sociales del Ayuntamiento", enfatizó Cano, que añadió que las irregularidades del proceso podían haberse corregido por parte de la Junta, la encargada de aprobar en última instancia la adjudicación.

En el apartado de mociones, el PP sacó adelante dos de ellas solicitando a la Junta la unificación de los tres hospitales de la ciudad.