Tres dificultades con solución estatutaria

La que ya comienza a ser dilatada historia de la autonomía andaluza ha puesto de manifiesto la bondad de la decisión estratégica de demandar un gobierno autonómico fuerte, de primera velocidad en la jerga al uso de la época, en lugar de una descentralización más administrativa que política. Hoy 25 años más tarde resulta evidente el acierto de los políticos andaluces que promovieron la movilización del pueblo andaluz y arrancaron del gobierno de Adolfo Suárez la autonomía que hoy disfrutamos. La garantía de una Andalucía fuerte en el conjunto de España, con capacidad de condicionar las decisiones nacionales, no es ajena ni a nuestro Estatuto ni al uso que del mismo han hecho quienes han gestionado las instituciones a su amparo, de ahí que ante los retos que plantea el futuro parece razonable y necesario abordar la reforma del Estatuto para adecuarlo a los retos que plantean los próximos 25 años.

En el seno de este debate estatutario, se aprecia oportuno repasar los problemas con los que nos hemos enfrentado durante la vigencia del Estatuto y plantearnos la posibilidad de que la reforma del mismo evite la repetición de historias pasadas. Así una simple vuelta sobre nuestro pasado nos puede la identificar múltiples dificultades que ha sufrido nuestra autonomía, entre las que hoy quiero destacar al menos tres.

La primera fue el bienio de la "pinza", no por la alianza entre los partidos de la oposición, sino por el principio del "gobierno desde el Parlamento", que llevó a la paradoja que hubiese de gobernar un partido, el socialista, que estaba en minoría frente a una oposición que era mayoritaria en el Parlamento (PP-IU) y que se alió para provocar el desgobierno, no asumiendo el gobierno a la par que impedían la aprobación de los Presupuestos de la Junta de Andalucía. El despropósito de lo ocurrido fue tal que el pueblo andaluz reaccionó sancionando a la oposición en las elecciones anticipadas, si bien es evidente la perdida de tiempo y recursos que supuso dicha situación para Andalucía.

Una segunda dificultad fue la ausencia de un sistema de financiación para Andalucía durante los años 1997 a 2002. La negativa del Gobierno Aznar a reconocer la población real andaluza llevó a Andalucía al limbo financiero y dejo las arcas de la Junta sensiblemente mermadas para atender sus obligaciones, hasta que recientemente, en 2004, el Gobierno Zapatero ha reconocido y abonado las cantidades adeudadas. De nuevo la pérdida de tiempo y recursos ha mermado o al menos frenado las posibilidades de crecimiento y desarrollo de nuestra tierra.

Finalmente, una tercera dificultad ha sido la incapacidad de garantizar la aplicación efectiva del desarrollo competencial recogido en el Estatuto, en unos casos por no reclamación de las competencias previstas y en otros por parálisis discriminatorias aplicadas por el Gobierno. En el primer caso se encuentra por ejemplo la no asunción de competencias en materia de seguridad, mientras que en el segundo son ejemplo paradigmático las políticas activas de empleo, que terminaron por ser transferidas a la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas a la par que eran negadas sistemáticamente a Andalucía por los sucesivos Gobiernos del PP.

En definitiva tres problemas evidentes para los que podríamos buscar soluciones a través de la reforma estatutaria. Por ejemplo, para el primer problema podríamos plantear la posibilidad de aumentar la asociación del gobierno de la Junta de Andalucía con la voluntad de los ciudadanos mediante la elección directa a dos vueltas del Presidente de la Junta, de forma que la entelequia del "gobierno desde el parlamento" jamás vuelva a producirse y se garantice la estabilidad del gobierno de la Junta y que nadie puede utilizar las instituciones para el desgaste político sin reparar en el coste que ello pueda suponer para los ciudadanos.

Por su parte, la segunda dificultad podría encontrar solución introduciendo en el Estatuto la garantía de inamovilidad del estatus quo de la financiación en caso de no existir acuerdo Junta-Estado y la de adecuación de los recursos financieros a las necesidades de la población real de Andalucía en cada ejercicio presupuestario. Dicho de otra forma podría preverse en la Ley Orgánica que es el Estatuto, la imposibilidad de comportamientos como los del Gobierno Aznar que utilizó una ley ordinaria para dejar sin efectividad el Estatuto en lo referido a la financiación.

En cuanto a la tercera dificultad, parece razonable que cuando nos enfrentamos a una reforma estatutaria por necesidades de modernización y adecuación de nuestro Estatuto sea prioritario garantizar que ni por omisión de las instituciones andaluzas ni por discriminación del Gobierno sea factible la parálisis en la asunción de competencias, para ello sería necesario establecer en el articulado el principio de no discriminación para las competencias asumidas por delegación y una disposición transitoria que establezca fecha de asunción obligatoria de las competencias fijadas en el Estatuto y de los medios que las prestan con independencia de que exista o no acuerdo con el Estado.

Como se puede apreciar con los ejemplos citados, cuando se plantea la reforma estatutaria ni es por capricho ni por distracción como los de siempre pretenden imputar al presidente Chaves. Por el contrario, la aplicación de las normas en el transcurso del tiempo determina sus virtudes y carencias y las necesidades de adecuación a los cambios sociales. La reciente historia de Andalucía ha puesto de manifiesto problemas o dificultades que han supuesto frenos a nuestro desarrollo y autogobierno y nada nos obliga a tropezar dos veces en la misma piedra, sobre todo en la concepción de aquellos que consideramos que la mejor parte de nuestra historia ha sido la de los años en los que los andaluces nos hemos podido gobernar a nosotros mismos.

Luis Ángel Hierro es profesor de la Universidad de Sevilla y diputado socialista en el Congreso de los Diputados