El propietario de la empresa del camión que arrolló a cinco guardias civiles queda en libertad con cargos

Ángel Chavala Villamor, el dueño de la empresa para la que trabajaba el conductor rumano que arrolló a cinco guardias civiles que murieron la madrugada del martes en la A-1 a su paso por Buitrago de Lozoya, fue detenido ayer por agentes de la Guardia Civil de Toledo. Chavala está acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores, según informó el instituto armado. El arrestado fue puesto en libertad con cargos horas después de que fuera registrada la sede social de su compañía. El chófer del camión quedó anoche a disposición del juzgado de guardia de Torrelaguna (Madrid).

Agentes de la Guardia Civil hicieron, tras el arresto del empresario, una inspección ocular de la sede de la compañía, donde encontraron la documentación personal del conductor, Toader Iuliau, de 33 años, y comprobaron que éste carecía de contrato de trabajo individual y de los permisos de trabajo y residencia.

Tras serle leídos sus derechos y comunicada la acusación, Chavala fue puesto en libertad con cargos y ha quedado a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Toledo, informa Isabel Salvador. El detenido se negó a hacer declaraciones "de momento".

Tres empleados dados de alta

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, señaló tras una comparecencia en el Senado que la empresa para la que trabajaba el conductor rumano (Transportes Chavala) había sido sancionada por una infracción grave por emplear "con carácter irregular" a un trabajador extranjero que carecía de autorización para trabajar. En la actualidad sólo tenía a tres empleados dados de alta, y ninguno era Iuliau, según Caldera, quien anunció que su ministerio hará una inspección a esta empresa. Portavoces de Transportes Chavala habían afirmado el martes, tras el accidente, que Iuliau estaba "contratado legalmente", lo que ha resultado ser falso.

Iuliau, vecino de Torrejón, intentó regularizar su situación en cuatro ocasiones entre octubre de 2002 y marzo de 2004, pero el Ministerio de Trabajo se lo denegó todas las veces.

El 21 de octubre de 2002 solicitó un permiso de residencia. Le fue denegado el 26 de febrero de 2004, "quince meses después de pedirlo", subrayó Caldera. Esto demuestra, según el ministro, que la tramitación fue "bastante lenta". También pidió el permiso de trabajo, pero le fue rechazado porque le faltaba documentación.

En 2003 volvió a solicitar permiso de residencia y trabajo, que fue inadmitido a trámite. La cuarta petición la presentó el 15 de marzo de 2004, cuatro días después de los atentados terroristas del 11-M. Le fue rechazada el 12 de julio de ese mismo año. En este caso "para su aceptación no había cabida para las razones humanitarias".

No hay constancia de que los patronos de Toader Iuliau hayan intentado regularizarle en el presente proceso, pese a que ahora sí cumpliría todos los requisitos.

Según Caldera, este suceso demuestra "la imperiosa necesidad del actual Reglamento de Extranjería y de establecer cauces para la legalización de trabajadores irregulares".

El ministro explicó que "seguramente" no se podría haber evitado el accidente, "porque el reglamento no puede impedir que una persona se duerma al volante", pero añadió: "Desde luego, si hay trabajo legal y no se disponía de instrumentos posibles para su legalización, había que hacerlo; y es lo que hace este reglamento".

El director general de Transportes de Castilla-La Mancha, Roberto Puente, confirmó que Toader Iuliau no tenía habilitado el permiso para conducir vehículos de transporte público en España, lo que es "sancionable". Puente explicó a Efe que el propietario del camión, Ángel Chavala Villamor, debería haber solicitado "el certificado de terceros países" necesario para los conductores de países no pertenecientes a la UE.