El fiscal del Estado reclama policías especializados en accidentes laborales

La Inspección de Trabajo es eficaz, pero no suficiente, para hacer frente al incremento de delitos relacionados con la siniestralidad laboral. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha propuesto al Ministerio del Interior la creación de unidades especializadas en este ámbito en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Fiscalía y la Secretaría de Estado de Seguridad preparan un protocolo para formar a los agentes que, según Conde-Pumpido, se firmará a finales de este mes.

El recurso a la mano de obra extranjera ilegal y las cadenas de subcontratas que se suceden en algunos sectores productivos como el de la construcción (que provocan en ocasiones el ahorro de gastos relacionados con la seguridad) han dado una nueva dimensión penal al fenómeno de la siniestralidad laboral. Conde-Pumpido aseguró ayer sin dar cifras que en 2004, el número de procesos abiertos por delitos relacionados con accidentes de trabajo se incrementó de forma notable.

Hasta ahora, los juzgados y tribunales se apoyaban para estos casos en la Inspección de Trabajo y sus informes sobre el cumplimiento de la normativa de riesgos laborales, pero la incorporación de inmigrantes irregulares y la cesión de mano de obra previa a muchos accidentes son materias que, según los fiscales, escapan a sus funciones. "Se necesita un cuerpo especializado que indague estos hechos con mentalidad policial", explicó el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón, que considera que la carencia de medios y de personal de la inspección restan eficacia a su labor en este campo.

Prevención de accidentes

El fiscal general del Estado ha hecho suya esa petición. Para facilitar a jueces y fiscales la investigación y la persecución de este tipo de delitos, Conde-Pumpido ha propuesto al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, la creación de una policía especializada o de unidades especiales en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que vigilen que las empresas cumplan con la normativa de seguridad laboral. Esos agentes no actuarían sólo cuando se produzcan accidentes, sino que cumplirían también una función de prevención y complementarían la labor de la inspección.

La necesidad de especialización se basa, según el fiscal general, en que estos delitos requieren un tratamiento especialmente complejo. Para su esclarecimiento, además de la experiencia en materia penal, se necesitan conocimientos sobre la normativa administrativa (contratos públicos, por ejemplo) o laboral (prevención de riesgos). Conde-Pumpido pretende que Interior forme a los agentes en estos campos.

La especialización debe extenderse también al Ministerio Fiscal. Su máximo representante anunció que en los próximos meses firmará convenios con todas las comunidades autónomas para que colaboren en la resolución de estos casos y especialicen a sus miembros. Mediante esos acuerdos, las consejerías de Empleo y Justicia se comprometerán a proporcionar a cada fiscalía toda la documentación relacionada con accidentes laborales o con la falta de cumplimiento de la normativa de seguridad, así como a formar a los fiscales de siniestralidad laboral en técnicas de gestión y control de las condiciones de trabajo. Andalucía (desde el pasado 30 de julio) y Galicia ya se han comprometido a ello. Asturias, Cataluña, Euskadi y Castilla-La Mancha lo harán en los próximos meses.

La futura red de fiscales especialistas se complementará con la figura de un fiscal de sala que, desde la Fiscalía General del Estado, coordinará los trabajos de todos los órganos provinciales. Conde-Pumpido lo nombrará en verano, cuando está previsto que se incorporen al cuerpo más de cien nuevos miembros.