La plataforma de policías locales denuncia la contratación de personal temporal sin formación

La Plataforma Social de Policías Locales, compuesta por sindicatos independientes de toda España, denuncia la utilización por parte de algunos ayuntamientos de personal temporal o interino, con mínima o nula formación, para realizar funciones policiales. Representantes de los distintos sindicatos se reúnen desde ayer en Málaga para definir su postura de cara a una eventual modificación de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Entre sus exigencias, piden que dicha ley les atribuya competencias en materia de seguridad ciudadana que tienen ya asumidas en la práctica.

"En Andalucía, la ley prohíbe utilizar policías interinos, así que algunos alcaldes buscan otra vía, y crean figuras como los auxiliares de policía, guardas de campo o alguaciles", explica Mario Núñez, secretario general de la Federación Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía (UPBL-A). El problema, opina, es que "se les reviste exteriormente de la misma apariencia, van vestidos casi igual, por lo que el ciudadano cree que son policías locales, y se les exigen unas competencias que no tienen por ley ni para las que están formados". También corren riesgos, ya que no van armados, "pero un atracador no distingue si son policías o no".

Localidades como Jimena, Algeciras o Tarifa (Cádiz), Ronda (Málaga), Salteras, Carmona o Dos Hermanas (Sevilla) emplean estas figuras, según Núñez, que está a la espera de que se resuelvan las demandas por presunta ilegalidad presentadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa. "El Ayuntamiento recurre al servicio de empleo, la formación brilla por su ausencia y se les hace contratos muy variados, normalmente de carácter laboral, y con una duración entre seis meses y un año".

Aún no han llegado a la situación de San Sebastián, donde según José Ángel Bogajo, representante del sindicato ErNE, que agrupa a la policía autonómica y local vasca, se utilizan funcionarios interinos -la ley autonómica no lo prohíbe- para cubrir necesidades puntuales, como reforzar el control del tráfico durante un partido de fútbol. "Se les llama de una bolsa de trabajo, se les da un uniforme y una porra, y a las tres horas, lo devuelven", describe.

La plataforma, que aglutina a unos 20.000 de los 50.000 policías locales españoles, defiende la necesidad de que los agentes sean funcionarios "para garantizar la objetividad y la imparcialidad". Por ello, piden que la ley estatal de 1986 "prohíba taxativamente esta figura".

Otra de sus reivindicaciones es que la ley les atribuya competencias en seguridad ciudadana que muchas veces han asumido de hecho, sobre todo en pequeños delitos. Por ley, los únicos cuerpos con competencias en esta materia son la Policía Nacional y la Guardia Civil, y la policía local sólo "colabora". "Si se cumpliera a rajatabla, no podríamos intervenir ni en un tirón hasta que llegara la Policía Nacional o la Guardia Civil y nos pidiera ayuda", dice Núñez.

También solicitan más medios, como acceder a una base de datos nacional, participar en las unidades de policía judicial en la investigación de pequeños delitos, o la simplificación de los cuerpos policiales para lograr una mayor coordinación.