El abogado incompatible

Un abogado de Barcelona que defiende a varios funcionarios de prisiones acusados de malos tratos en dos procedimientos judiciales compatibiliza la profesión con la de funcionario penitenciario los fines de semana en la cárcel de Brians. La abogada de los presos denunciantes, Carolina Rivas, comunicó hace un mes los hechos al Departamento de Justicia de la Generalitat y al Colegio de Abogados de Barcelona sin que, por el momento, ninguna de las dos instituciones haya adoptado medida alguna para acabar con una situación que vulnera la Ley de Incompatibilidades del personal al Servicio de la Administración de la Generalitat.

El abogado implicado en esta situación es David Pascual Mateos, colegiado en 1993. Seis años después, el Departamento de Justicia de la Generalitat le concedió la compatibilidad para trabajar como funcionario de prisiones y ejercer de abogado, a condición de que no participase en causas penales y mucho menos relacionadas con el derecho penitenciario. Pero los mecanismos de control de esa situación no han funcionado y, hace unas semanas, un preso reconoció en un juzgado al abogado como el funcionario de prisiones que había visto un día en prisión.

El letrado defiende a los funcionarios que están denunciados por presuntos malos tratos por los reclusos Alberto Betancor y Valentín García en las causas que tramitan los juzgados de instrucción números 4 y 20 de Barcelona, respectivamente. La compatibilidad de abogado y funcionario produce situaciones tan singulares como que, a petición de la acusación, tenga que declarar como testigo en una de esas causas un preso que actualmente se encuentra en el departamento especial de Brians en el que trabaja David Pascual.

Un portavoz del Departamento de Justicia de la Generalitat reconoció que la situación del funcionario vulnera la ley y anunció la voluntad de atajar la situación, así como de abrir un expediente administrativo para aclarar las posibles responsabilidades que se puedan derivar. Sin embargo, un mes después de presentar su queja, la abogada no ha recibido todavía una respuesta de la Generalitat. "Sorprende que estas situaciones se descubran con la práctica diaria de la profesión y no existan mecanismos para controlar a los funcionarios", explicó Carolina Rivas.