El fiscal pide 23 años de cárcel para el hombre que mató a su ex mujer a martillazos

Pedro Martínez Bustos empezó a ser juzgado ayer en la Audiencia de Barcelona por un tribunal popular acusado de haber dado muerte a martillazos su ex mujer, Ana María Fábregas, el 10 de junio de 2003. El caso sería uno más de los que se producen en los últimos años en España si no fuese porque la víctima había presentado hasta 11 denuncias contra su agresor en los ocho meses anteriores a que se produjera el crimen sin que ningún juez la llamase a declarar para que se ratificase en la denuncia.

El fiscal solicita para el agresor penas que suman 23 años de cárcel por asesinato, malos tratos habituales, así como una multa por haber quebrantado la medida cautelar de alejamiento dictada contra el agresor. En sus conclusiones provisionales, la defensa negaba los hechos y aseguraba que no existía pruebas contra su cliente, pero la sorpresa se produjo durante el interrogatorio del acusado, de 50, quien se declaró culpable de la muerte, pero no de haber maltratado durante año y medio, el tiempo que transcurrió entre el inicio de su relación y el día en que la mujer perdió la vida.

"Me llamó, discutimos y le pegué dos martillazos con un martillo que cogí de la obra y que luego tiré por ahí", reconoció el acusado durante su declaración ante el jurado. Esta confesión de culpabilidad desmontaba cualquier estrategia de la defensa, que en casos similares siempre suele sembrar la duda entre los miembros del jurado sobre la autoría del crimen.

Expediente archivado

Fue a raíz del asesinato de la mujer, cuando el Consejo General del Poder Judicial intervino a instancias de la vocal Montserrat Comas y se expedientó al magistrado Gonzalo de Dios, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, por "retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas". Pero el expediente acabó archivado a instancias de la comisión disciplinaria, aunque ese mismo organismo, con otra composición, había acordado en su día que el instructor de la causa prsentase pliego de cargos contra el juez porque inicialmente solicitaba que se diese carpetazo al asunto. El magistrado implicado en la polémica pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la judicatura española, si bien en su día obtuvo el respaldo de toda la junta de jueces de instrucción de Barcelona.

La mujer había presentado una decena de denuncias por malos tratos físicos y psíquicos, agresión sexualm amenazas, quebrantamiento de condena, coacciones y la medida de alejamiento. En una de esas denuncias ante el Servicio de Atención a la Mujer (SAM) de la policía, la mujer reclamó que se la internase en una casa de acogida. Su petición fue desestimada porque estaba en tratamiento psiquiátrico, recordó la abogada de la acusación.