El juicio contra 33 dirigentes de Jarrai, prueba de fuego para las tesis de Garzón

El juicio contra 33 dirigentes o militantes de las organizaciones juveniles Jarrai, Haika y Segi, a los que se acusa de ser miembros de ETA, supone la primera prueba de fuego para la tesis del juez Baltasar Garzón en el macrosumario 18/98. Según el magistrado, todos los grupos que conforman la denominada izquierda abertzale son "apéndices" de la organización terrorista y responden a sus directrices. El fiscal Enrique Molina sustenta sus acusaciones en documentos confiscados a etarras e informes policiales. La defensa defiende la militancia de los procesados en temas exclusivamente juveniles.

Hoy, domingo, se cumplen cuatro años desde que la policía detuviera a 15 jóvenes de Haika en la Operación Sugekumea, cría de la serpiente en euskera. Un golpe policial contra lo que el Ministerio del Interior y Garzón consideraban el "vivero" de ETA y los responsables últimos de los sabotajes. Varias operaciones más elevaron a 42 el número final de procesados en esta causa.

La vista, iniciada en la Audiencia Nacional el pasado 7 de febrero, es como para hacer perder la paciencia a cualquiera. Incluido el presidente de la sala. El juicio estuvo marcado en sus primeras sesiones por las maniobras de la defensa en las cuestiones previas para intentar que la vista no arrancara.

De entrada, sólo 33 de los 42 procesados se sientan en el banquillo. Varios ya se encontraban en paradero desconocido desde la instrucción de la causa. Sin embargo, dos de los imputados, que estaban en libertad provisional, no se presentaron al juicio: Izaskun Lesaka, para la que se solicitan 10 años de prisión, y Asier Tapia Zulaika, para el que el fiscal reclama 111 años de cárcel, por integración en ETA, daños terroristas y delito de incendio.

El fiscal Enrique Molina sostiene que Jarrai y las organizaciones que le sucedieron, Haika y Segi, eran instrumentos de ETA y respondían a sus directrices ya que tenían "una dependencia política, organizativa, financiera y en su caracterización como cantera de militantes para el frente armado". Jarrai y sus sucesoras, según el fiscal, se encargaban de organizar la lucha callejera o kale borroka.

Las sesiones de estas semanas han dado un poco para todo. Desde el calentón del presidente de la Sala, Félix Alfonso Guevara, en las desesperantes jornadas iniciales -un juez peculiar que ha demostrado manga ancha en los interrogatorios e incluso sentido del humor en algunos momentos-, hasta el accidentado servicio de traducción del euskera al castellano, con errores de bulto como confundir una ETT con ETA. Y sin olvidar la presencia de los dos observadores enviados por el Gobierno vasco para comprobar que se "respetan todas las garantías" a los acusados. Iniciativa que soliviantó al Consejo General del Poder Judicial, que la entendió como un intento del Ejecutivo vasco de "desacreditar" la justicia en España.

Más que un juicio

Pero en este juicio se ventila algo más que el futuro de 33 jóvenes. La multitudinaria manifestación celebrada el pasado domingo en Bilbao en defensa de los derechos civiles y políticos a los acusados en los procesos al entorno de ETA ha puesto al mundo abertzale, acompañado por otras fuerzas políticas y sociales vascas, de nuevo cotizando en la calle. Una demostración de fuerza que ese mundo fue incapaz de realizar cuando los jueces ilegalizaron Batasuna, en marzo de 2003. A ello hay que sumar el apoyo logrado por la plataforma 18/98+ de destacados dirigentes o figuras del PNV como Joseba Egibar o Xabier Arzalluz o de consejeros del Gobierno vasco como Joseba Azkarraga (EA). El propio Arzalluz no ha ocultado que no le hace ninguna gracia la kale borroka, pero que "menos gracia" le hace la justicia con Garzón. En el fondo, están las visiones contrapuestas entre los nacionalistas y Ezker Batua y los socialistas y populares en relación con la ilegalización de Batasuna, el "recorte de libertades" y los caminos para acabar con el terrorismo de ETA, según coinciden diversos observadores.

A medida que ha avanzado la vista, todo ha sido una carrera de obstáculos que finalmente han podido ser más o menos salvados por el buen hacer del presidente del tribunal.

Tras los testimonios de los 33 encausados, que no han querido contestar a las preguntas del fiscal Molina, cada parte ha ido mostrando sus cartas en los interrogatorios de los testigos. El abogado de la acción popular en representación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Pedro Cerracín, ha encaminado sus cuestiones a intentar hacer algo de luz en la financiación de las tres organizaciones juveniles. Y en vincular a Jarrai, Haika y Segi con la violencia callejera. El fiscal Enrique Molina se ha hecho fuerte en sus interrogatorios en la teoría de que todo está al servicio de los terroristas en el entramado de organizaciones, herriko tabernas y demás plataformas diseñado supuestamente por la dirección de ETA. Por el contrario, la defensa, Jone Goirizelaia y Arantza Zulueta, se esfuerza en desvincular todas esas organizaciones de ETA y de los sabotajes y en relacionar su "trabajo político" exclusivamente con los problemas de la juventud.