Rango y geometría
AUNQUE LA ENTREVISTA mantenida el 14 de enero por el presidente del Gobierno y el presidente del PP acordara la creación de una comisión mixta para negociar la reforma constitucional y estatutaria, las palabras pronunciadas el lunes por Rajoy ante su Junta Directiva Nacional han enfriado considerablemente los ánimos sobre el futuro de esas conversaciones. El líder popular tomó como una imperdonable ofensa la composición de la comisión negociadora anunciada por el secretario de organización del PSOE a causa de su inadecuado rango representativo y exigió una embajada "de alto nivel político" comparable con la delegación socialista enviada al Pacto Antiterrorista. A juicio de Rajoy, las conversaciones sobre la "arquitectura institucional del Estado" entre el PP y el PSOE también serían incompatibles con el regular mantenimiento de las reuniones que viene celebrando el presidente del Gobierno sobre esas materias con los portavoces de los grupos parlamentarios de ERC e Izquierda Unida.
La aproximación del PP a ERC por la crisis del Carmel resulta contradictoria con su exigencia de que el presidente Zapatero rompa con sus aliados parlamentarios si quiere seguir hablando con Rajoy
El portavoz Zaplana dejó entrever posteriormente que el PP todavía no ha pronunciado la última palabra acerca de la cuestión. Todo hace suponer que Rajoy se enfrenta a una encrucijada: o bien se mantiene fiel a la línea opositora marcada el 14 de enero o bien cede ante las presiones de los sectores aznaristas de su partido (aguijoneados, a su vez, por los energuménicos monaguillos de la Radio de los Obispos) que aspiran a poner en marcha una antidemocrática estrategia de desestabilización institucional dirigida a forzar a cualquier precio (como ocurrió durante la legislatura 1993-1996) la disolución anticipada de las Cortes.
Los argumentos esgrimidos el pasado lunes por Rajoy para justificar la ruptura unilateral de los acuerdos del 14 de enero con el presidente del Gobierno suenan a música celestial. Es incierto que Alfonso Perales -responsable de Relaciones Institucionales y Política Autonómica en la Comisión Ejecutiva del PSOE- o Diego López Garrido -secretario general del grupo parlamentario socialista en el Congreso- sean esos pesos-mosca que tan desdeñosamente ningunea el envanecido presidente del PP. De añadidura, resulta inaudito que una de las partes negociadoras se considere con derecho a nombrar no sólo a sus propios representantes, sino también a los delegados de la parte contraria.
La escena de celos montada por Rajoy a cuenta de las conversaciones sobre cuestiones territoriales mantenidas por el presidente del Gobierno con los portavoces de otros grupos parlamentarios carece de racionalidad política. Las cartas de las elecciones del 14-M quedaron echadas de forma tal que el PP carece de la posibilidad concreta de alcanzar la presidencia -con sus 148 diputados- a través de una moción de censura; ni siquiera la hipotética colaboración de sus antiguos aliados de 1996 -10 representantes de CiU y 3 de Coalición Canaria (CC)- le permitiría alcanzar los 176 escaños: el apoyo a la investidura de Rajoy por los restantes grupos del Congreso es un ejercicio de política-ficción.
De otro lado, el PSOE necesita redondear sus 164 escaños para aprobar las leyes orgánicas y no caer en demasiadas emboscadas: los ocho diputados de ERC y los cinco de Izquierda Unida son los aliados disponibles más cercanos. El PP conserva todavía fresco el recuerdo de los compromisos que se vio forzado a contraer con los nacionalistas catalanes y canarios durante la legislatura 1996-2000; Aznar fue investido presidente también con los votos del PNV. Si Rajoy condicionase cualquier acuerdo con el Gobierno de Zapatero al juramento socialista de guardar castidad política con otros grupos, estaría exigiendo un imposible o proponiendo un absurdo pacto de legislatura o de coalición entre PSOE y PP. Si la política da lugar a extraños emparejamientos en la cama, el juego parlamentario de los sistemas democráticos obliga a pactar alianzas de geometría variable en función de los asuntos planteados y de los interlocutores idóneos: así ha ocurrido esta semana en Cataluña con el entendimiento entre un partido de la oposición como el PP y un socio del Gobierno tripartito como ERC a raíz de la crisis del Carmel.
