Seis miembros de Jarrai quedan libres al agotar la prisión preventiva

Seis integrantes de Jarrai, la organización juvenil del entorno de ETA, que están siendo juzgados en la Audiencia Nacional, quedaron ayer en libertad, tras haber agotado el plazo máximo de cuatro años de prisión preventiva previsto en la ley. El fiscal Enrique Molina había pedido que los seis imputados siguieran en prisión por entender que había habido dilaciones indebidas en el proceso imputables a las defensas, pero el tribunal no accedió a la solicitud. El magistrado Carlos Ollero discrepó de la decisión por entender que existe riesgo de fuga.

La medida afecta a Olatz Dañobeitia, Garazi Viteri, Garikoitz Etxebarria, Olatz Carro, Igor Ortega y Ugaitz Elizaran, todos ellos en prisión desde el 6 de marzo de 2001 y acusados de un delito de pertenencia a organización terrorista y por el que el fiscal solicita para cada uno de ellos 14 años de prisión.

El fiscal Molina presentó un escrito el pasado 21 de febrero en el que solicitó que del cómputo general de la prisión preventiva se descontasen 126 días por entender que se habían producido dilaciones indebidas en el proceso, imputables a las defensas de los acusados con la finalidad de que tuvieran que ser puestos en libertad provisional al agotar el plazo legal. La Asociación de Víctimas del Terrorismo se adhirió a la petición del fiscal, mientras que las defensas se opusieron y reclamaron la libertad de sus clientes.

Tanto los jueces como el fiscal, los abogados y los propios acusados son conscientes de que el caso empezó con 42 procesados y en el banquillo se sientan un total de 33. Siete se fugaron durante la fase de instrucción, pero dos de los imputados, que se encontraban en libertad provisional no se presentaron al juicio: Izaskun Lesaka, acusada de colaboración con banda terrorista, para la que se pedían 10 años de cárcel, y Asier Tapia Zulaika, para el que el fiscal reclamaba 111 años de cárcel por integración en ETA, daños terroristas y delito de incendio. El riesgo de fuga, ante una posible condena a 14 años de cárcel, existe.

Discrepancias

Durante las deliberaciones, el ponente de la causa, el magistrado Carlos Ollero, se opuso a la excarcelación. Ollero fue uno de los tres magistrados de la Audiencia Nacional sancionados tras la puesta en libertad y posterior fuga del narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, Carlos El Negro, y el único integrante de aquel tribunal que aún permanece en la Audiencia Nacional.

La decisión sobre este asunto, por tanto, se ha tomado por dos votos a favor, de los magistrados Félix Alfonso Guevara y Santiago Pedraz, y con el voto contrario de Ollero, que ha formulado un voto particular. La mayoría se ha hecho eco de la doctrina del Tribunal Constitucional señalando que la restricción del derecho a la libertad "debe hacerse de manera siempre limitada mediante una ponderación de los fines recogidos en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Los magistrados, tras un "detenido estudio de los lapsos temporales que el Ministerio Fiscal tilda como dilaciones indebidas atribuibles a las defensas, lleva a discrepar de tal tesis". En la fase procedimental, precisa la resolución dictada ayer, "en modo alguno existe una dilación atribuible a maniobras de las defensas encaminadas a un entorpecimiento".

El tribunal señala que en noviembre de 2003, una de las fechas en las que se imputa dilaciones, "faltaban más de 15 meses para que venciera el plazo máximo de prisión" y al solicitar una ampliación del trato de instrucción, las defensas "propugnaban un trato igual al que de facto habían tenido las acusaciones".

Con todo, el tribunal ha impuesto a los seis acusados la retirada de pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional, así como comparecer diariamente ante el tribunal, en el juzgado o la comisaría más próxima a su domicilio.

Ollero, por su parte, propugnaba el mantenimiento de la prisión por el "ánimo retardatario y obstruccionista de las defensas". A su entender había que haber prorrogado la prisión por 69 días.