Los comités de Izar aprueban la prejubilación de 4.028 trabajadores

Los comités de empresa de los 11 centros de la empresa de astilleros públicos Izar aprobaron ayer el expediente de regulación de empleo para un total de 4.028 trabajadores de la empresa (la plantilla es de 10.661 trabajadores) que deberán prejubilarse de forma obligatoria el próximo día 1 de abril, según el acuerdo al que llegaron con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el pasado mes de diciembre.

La aprobación de los comités de los centros de Izar era el último escollo que debía superar el acuerdo sobre el ajuste laboral en Izar. Este expediente, al que tienen que acogerse de forma obligatoria todos los trabajadores que tuvieran cumplidos 52 años o más el pasado 31 de diciembre, será enviado la próxima semana a la Dirección General de Trabajo, que, al contar con el acuerdo de las dos partes, solamente debe homologarlo.

Tal y como se recoge en el acuerdo, durante el periodo de prejubilación, y hasta alcanzar la edad de 65 años, en que el trabajador puede acceder a la jubilación ordinaria, se garantiza el 76% del salario regulador bruto integrado de los trabajadores. Durante el periodo de prejubilación, este pago será actualizado anualmente con el IPC.

Tras la prejubilacion de 4.028 trabajadores, la plantilla de la empresa se situará 6.633 empleados. De ellos, 5.562 pasarán a engrosar la plantilla de Navantia, la nueva compañía que aglutina a los centros de construcción naval militar segregados de Izar (Ferrol, Fene, Cartagena, Puerto Real, San Fernando y Cádiz, y la sede central de Madrid).

Los restantes 1.071 trabajadores se quedarán en los cuatro centros de actividad civil (Gijón, Sestao, Sevilla y Manises). Estos centros serán vendidos a partir del próximo mes de abril a la iniciativa privada, bien en bloque o bien por centros, según la demanda del mercado. Estos centros terminarán los trabajos en marcha, pero Izar entrará en liquidación por imperativo legal (debe pagar 1.200 millones por ayudas públicas ilegales y sus recursos propios son de 274 millones de euros). El expediente, que tiene un coste total de 1.200 millones de euros, será gestionado directamente por la SEPI (no se externaliza con una entidad ajena), que ha asumido además el resto de los compromisos de la regulación.