Algunos empresarios de El Comtat cobran por regularizar inmigrantes
CC OO asegura que se llegan a pagar hasta 125 euros por tramitar las solicitudes
Inmigrantes radicados en la comarca de El Comtat y L'Alcoià han denunciado que algunos empresarios les cobran, una media de unos 125 euros, por tramitarles las solicitudes para su regularización al amparo del proceso extraordinario abierto por el Gobierno. La norma establece la gratuidad del proceso para los inmigrantes. En el caso de que las solicitudes se cursen mediante gestorías, las minutas, de unos 150 euros, las tienen que abonar los empresarios.
Empresarios y gerentes de las comarcas industriales de L'Alcoià y El Comtat están cobrando cuotas a trabajadores extranjeros por informarles y tramitar su documentación para darles de alta y regularizar su estancia en España.
La denuncia la formuló ayer el secretario general de Comisiones Obreras en las Comarcas Centrales, Francesc Molina, que aseguró que se han llegado a cobrar "cantidades injustificadas" por unos trámites que son gratuitos. Según ha trascendido al sindicato han llegado denuncias de trabajadores inmigrantes a los que se les había llegado a solicitar hasta 125 euros por tramitar sus papeles.
El sindicalista recordó que la ley, en vigor desde el 7 de febrero, obliga a los empresarios a facilitar la documentación para regularizar a sus trabajadores inmigrantes que prestan sus servicios, sin estar dados de alta en la Seguridad Social, en sus centros de trabajo. La legislación vigente en este apartado establece que los trabajadores extranjeros susceptibles de acogerse al proceso extraordinario de regularización sólo deben presentar su certificado de empadronamiento, copia del contrato laboral y el certificado de buena conducta "a fin de demostrar que no cuentan con antecedentes penales", añadió.
El representante sindical señaló que estos documentos son gratuitos y también la información acerca de los trámites y que "nadie puede cobrar por ello". Advirtió que sólo en caso de que los inmigrantes trabajen en tareas domésticas en varios domicilios, serían ellos mismos quienes deben responsabilizarse de legalizar su situación a cuenta suya, ya que son ellos quienes deben de responsabilizarse de legalizar su situación. El portavoz de CC OO en las comarcas centrales indicó que el sindicato actuaría de manera "beligerante y contundente" para que no se reproduzcan los incumplimientos por parte de algunas empresas, cuyos gerentes cobran a los inmigrantes por presentar estos papeles.
El cobro irregular por estos trámites, "una práctica generalizada" en las empresas de estas comarcas, según Molina, llegará al juzgado a través de denuncias que pondrá en marcha CC OO en caso de que el problema no remita. "Llevaremos el asunto hasta las comisarías o ante los tribunales para evitar este tipo de prácticas, que además de ilegales, carecen de catalogación ética y moral", dijo. Molina animó al colectivo de inmigrantes a denunciar estos casos ya que en este caso contarían con el respaldo y asesoramiento jurídico del sindicato CC OO.
El representante sindical avanzó que Comisiones Obreras promoverá asambleas en las 14 poblaciones en las que tiene representación en L'Alcoià y El Comtat para informar a los trabajadores inmigrantes sobre el proceso de regularización. Agregó que "ciertos sectores de la patronal" se estaban resistiendo a colaborar con el proceso de regularización, circunstancia "que ha puesto fin a muchos contratos de inmigrantes". Este extremo también lo han denunciado desde la Asamblea Local de la Cruz Roja y la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcoi. Francesc Molina manifestó que el nuevo proceso de regularización es "un instrumento válido y flexible" y que "podría acabar con buena parte de la economía sumergida", en las comarcas industriales de L'Alcoià y El Comtat.
Esta denuncia se produce después de las críticas del colectivo de inmigrantes contra la Administración local por los problemas que surgieron con la documentación requerida en el Ayuntamiento. Según explicaron los trabajadores extranjeros que acudieron a regularizar su situación, el registro municipal les entregaba una documentación incorrecta, lo que retrasó el proceso.
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