El Gobierno veta el presupuesto de la UE por el "intolerable" recorte de fondos

Los cálculos realizados por el Gobierno español sobre el futuro de los cuantiosos fondos europeos que recibe España han hecho saltar las alarmas. El brusco cambio que se producirá en el reparto a partir de 2007 hará que España pase a aportar desde 2013 más de lo que recibe, según el Gobierno. Por eso, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, calificó de "intolerable" la propuesta de presupuestos comunitarios para 2007-2013. Con el nuevo reparto se crearían 30.000 empleos menos al año en ese periodo.

En 2003, el saldo de España con la UE fue de 8.733 millones a favor de Madrid. Con la propuesta realizada hace un año por la Comisión Europea para el periodo 2007-2013, ese saldo se reducirá a 1.885 millones en 2007 y será neutro entre 2010 y 2012; pero en 2013, España pasará a ser contribuyente neto y aportará 135 millones más de los que reciba. Por ello, España ha mostrado su rechazo a los presupuestos. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, secretario de Estado de Hacienda, advirtió ayer en Bruselas que tal propuesta es "absolutamente intolerable" y que España se enfrenta a un problema "absurdo" e "injusto" que espera resolver. "España no dará nunca su acuerdo a esta propuesta".

Entre los documentos que maneja, hay un análisis con proyecciones del Gobierno, según las cuales los efectos de tal propuesta, la única que está sobre la mesa y que fue entregada al anterior Gobierno del PP, son demoledores para España. En el actual periodo (2000-2006) de Perspectivas Financieras de la UE, el saldo financiero a favor de España equivale al 1% de su producto interior bruto (PIB), pero entre 2007 y 2013 se reducirá al 0,1%.

Doble fenómeno

Es la consecuencia de un doble fenómeno: España perderá al menos el 45% de los fondos europeos que percibe por ser ya un país más desarrollado y rico, pero, a la vez, y por el mismo motivo, verá aumentar año tras año sus aportaciones a las arcas comunitarias, con lo que el saldo final se recorta en contra de España por ambos lados.

Con esos datos, sostiene el Gobierno, se producirá una fuerte disminución de la capacidad de financiación de la inversión pública y una inmediata reducción del crecimiento potencial estimada en al menos el 0,3% del PIB. Madrid calcula que dejarán de crearse unos 30.000 puestos de trabajo al año.

Cabe recordar que los fondos regionales para España (más de 40.000 millones entre 2000 y 2006, de los que se pierden el 40%) y el Fondo de Cohesión (11.600 millones en ese periodo que desaparecen en su integridad con la propuesta de la Comisión) financian infraestructuras españolas básicas como el AVE, la renovación del sistema portuario o las obras de abastecimiento y saneamiento de agua.

De otro lado, las aportaciones españolas a la Unión seguirán aumentando si el ritmo de crecimiento se mantiene. Hasta el año 2000, las aportaciones anuales españolas nunca habían llegado a 6.000 millones, pero el año pasado ya fueron de 9.275 millones. A raíz de la reducción de fondos y del incremento de las aportaciones, el saldo financiero entre España y la UE pasará de unos 6.477 millones anuales de media anual entre 2000 y 2006 a 886 millones entre 2007 y 2013. Una pérdida, por tanto, de 5.591 millones, que equivale al 0,91% del PIB español.

De todo ello, el Gobierno español deduce que es España el país que pagará la mayor parte de la factura de la ampliación de la Unión a 25 Estados. Entre los antiguos 15 socios de la Unión, la aportación media a esa factura equivaldrá al 0,23% del PIB, pero el porcentaje sube al 0,45% en el caso español.

Por todo ello, el Gobierno ha insistido en la necesidad de negociar fórmulas menos perjudiciales para que la pérdida de fondos sea menos brusca aplicando, por ejemplo, generosos periodos transitorios en la disminución de ayudas. Es lo que la Comisión propone para los fondos regionales, pero no para el Fondo de Cohesión porque el Tratado de la UE no lo contempla.

En unas jornadas sobre la Política Regional, Fernández Ordóñez dejó claro ayer por vez primera que España no aceptará nunca la propuesta de la Comisión, un aviso trascendente puesto que el acuerdo entre los 25 Gobiernos de la UE debe ser unánime y, por tanto, existe derecho al veto. "Si fuera adelante [la propuesta de la Comisión], España diría no".

Para el secretario de Estado, la brusca reducción en el saldo financiero "es absolutamente intolerable y, sobre todo, no es justo". Pese a todo, confió en una solución. La clave estará en las posiciones de Francia y Alemania, que hoy propugnan reducir aportaciones futuras, con el consiguiente perjuicio para España.

"Con que tengamos un trato equitativo nos encontraríamos a gusto", comentó Fernández Ordóñez, quien se mostró optimista al decir que "hay mil soluciones".