Una ex concejal de Orihuela dejó sin justificar mandamientos de gastos por unos 22.000 euros

Encarna Galiano, concejal del PP en el Ayuntamiento de Orihuela entre 1995 y 2003, dejó el cargo sin justificar mandamientos de gastos por un importe de unos 22.000 euros. La supuesta irregularidad contable fue denunciada por el ex interventor, José Manuel Espinosa, en su entrevista con los portavoces de la oposición. Además, este periódico ha tenido acceso a la lista oficial de gastos no justificados por la ex edil que consta en el Ayuntamiento. El cese del funcionario ha llevado al alcalde, José Manuel Medina, del PP, a congelar pagos, según ha confirmado a este periódico fuentes de la corporación.

Tras dejar el acta de concejal, Encarna Galiano Escudero pasó a engrosar la nómina de personal de confianza del Ayuntamiento de Orihuela. En enero de 2003, José Manuel Medina la nombró coordinadora de Infraestructuras de la Corporación. La ex edil percibe por este cargo una retribución bruta al año de 33.657 euros.

Durante su etapa como concejal, Galiano se ocupó de las áreas de Festividades y Pedanías. La actual asesora de Medina tenía rango de teniente de alcalde. En la entrevista que el ex interventor celebró con los portavoces de la oposición, el funcionario incluyó a la ex concejal en sus relación de supuestas irregularidades contables en el Ayuntamiento de Orihuela, "en beneficio de ellos [los concejales del PP]", según la expresión del funcionario. Espinosa alude a los mandamientos de pagos a justificar otorgados en favor de Galiano cuyas facturas no aportó. "Y están sin justificar los mandamientos de Encarna", dice el ex interventor. La lista incluye siete reintegros de pago correspondientes al ejercicio de 2001 por un total de 22.000 euros. Este periódico intentó ayer sin éxito conocer la opinión de la ex concejal.

El pleno de la Corporación destituyó a José Manuel Espinosa como interventor el 22 de febrero. El funcionario se había autoinculpado cuatro días antes en una comisaría de Zaragoza de apropiarse de 30.000 euros de las arcas municipales. Tras cesar, el funcionario se reunió con los portavoces de la oposición y destapó supuestos fraudes contables en el Ayuntamiento de Orihuela, que gobierna el PP desde 1987. La conversación está recogida en dos cintas a las que ha tenido acceso este periódico.

Un día después del cese del interventor, la concejal de Hacienda, Paz Chazarra, presentó su baja por enfermedad. Chazarra, según fuentes municipales, fue la impulsora de la destitución del interventor, "como primer paso para poner orden y rigor en las cuentas del Ayuntamiento". El pleno tiene pendiente la aprobación de la liquidación de los presupuestos de los ejercicios de 2001, 2002, 2003 y 2004.

A raíz del supuesto fraude contable destapado por el ex interventor en su reunión con la oposición, el alcalde, José Manuel Medina, inició una serie de reuniones con los responsables y personal de los diferentes negociados municipales, especialmente los del área de Urbanismo y Economía. Medina justificó así su iniciativa: "El objetivo es comunicar al personal que el cese del interventor no afecta en nada al funcionamiento cotidiano del Ayuntamiento". "El interventor ha admitido unos hechos y ha hecho una serie de denuncias, todo ello se aclarará en las investigaciones abiertas, tanto las internas como las que realicen los tribunales", recalcó Medina. El primer edil añadió que los encuentros también han abarcado a los alcaldes pedáneos. En el mismo ámbito de "normalidad" enmarcó Medina la reunión extraordinaria de la ejecutiva local del PP, la noche del lunes.

El alcalde niega que haya dado órdenes de no facilitar informes sin su permiso y, mucho menos, que se hayan congelado los pagos: "Se está pagando, incluidas las nóminas de los empleados municipales".

Las fuentes municipales consultadas por este periódico aseguran que el pago de las nóminas es la única excepción del alcalde a la congelación de los mandamientos de pagos ordenada por el primer edil hasta la reincorporación a su puesto de la concejal de Hacienda.

Las mismas fuentes remarcan que en las reuniones de Medina con el personal de cada negociado el alcalde les exigió "máximo celo" al tramitar los expedientes y ordenó que no saliera del Ayuntamiento ningún documento "sin autorización".