Conde-Pumpido propone renovar como 'número dos' al conservador Luzón

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acordó ayer proponer al Gobierno la renovación como teniente fiscal del Tribunal Supremo al conservador José María Luzón, frente a la candidatura del fiscal de Relaciones Institucionales, el progresista Juan José Martínez Zato. Conde-Pumpido felicitó al reelegido y le deseó que "continúe desarrollando sus funciones con la misma capacidad y dedicación que hasta la fecha".

El Consejo Fiscal aprobó por mayoría de seis votos la candidatura de Luzón, frente a los dos que obtuvo Martínez Zato. A favor de Luzón votaron los cinco consejeros de la conservadora Asociación de Fiscales (AF) más el Fiscal Inspector, Rafael Valero Oltra, también de la AF. A favor de Martínez Zato votaron dos de los consejeros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Joaquín López y Teresa Comte, y se abstuvieron el teniente fiscal Antidroga, Javier Zaragoza, y el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, también de la UPF, que restaron apoyo a su compañero de asociación.

Luzón, de 69 años, continuará como número dos de la fiscalía, ahora con Conde-Pumpido, después de haber sido la mano derecha del anterior fiscal del Estado, Jesús Cardenal, desde enero de 2000. El reelegido teniente fiscal se jubila el próximo mes de julio.

Luzón accedió a su actual cargo desde la jefatura de la Sala de lo Penal, donde llevó la acusación en el proceso a la Mesa Nacional de Herri Batasuna y contra los altos cargos socialistas de Interior en el caso Segundo Marey. Dos meses después de defender al juez Javier Gómez de Liaño en su proceso por prevaricación ante el Tribunal Supremo, fue promocionado al cargo de teniente fiscal del Tribunal Supremo.

Como número dos a las órdenes del fiscal general Cardenal, Luzón avaló la postura del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, de que España no tenía jurisdicción para juzgar los crímenes de las dictaduras de Chile y Argentina, una posición radicalmente contraria a la de Conde-Pumpido, quien nada más acceder al cargo del fiscal general del Estado dio instrucciones para llevar adelante esos procesos.

En el mismo periodo, Luzón defendió el indulto del juez Gómez de Liaño, condenado por prevaricación, y ejecutó el traslado forzoso del fiscal del Tribunal Supremo Bartolomé Vargas, cuando intentó ejercer la acusación contra el entonces ministro del Gobierno del PP Josep Piqué por la venta, años atrás, de la petrolera Ertoil. También se opuso en dos ocasiones a que declarase ante el Supremo el también ministro del PP Jaume Matas, actual presidente balear, por un supuesto fraude electoral en Formentera y contribuyó a la remoción de sus cargos del anterior fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, considerados, junto Martínez Zato, fiscales desafectos al anterior Gobierno.

Por su parte, Juan José Martínez Zato, quien durante casi toda la etapa de Cardenal estuvo al frente de la Inspección Fiscal, se opuso en numerosas ocasiones en la Junta de Fiscales de Sala a las órdenes de su jefe.

Sobre lo acontecido en el Consejo Fiscal, Martínez Zato declaró ayer a este periódico que el consejero Zaragoza, uno de los que se abstuvo, "debería explicar al fiscal del Estado las ventajas de dividir el voto de la UPF, tal como lo explicó ante la ejecutiva de la asociación". Zaragoza, consultado por este diario, dijo que tanto Zato como Luzón "eran buenos candidatos" y que el secretariado la UPF "no vio mal la división del voto y no exigió que se votase a Zato".

Por otra parte, el Consejo Fiscal votó por unanimidad la renovación del mandato por cinco años de la actual fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Pilar Martín-Nájera, única peticionaria de la plaza.