La crisis del Carmel

El aplazamiento anteayer del viaje oficial del presidente de la Generalitat a Uruguay a fin de buscar una salida a la crisis del Carmel, agravada por su irresponsable intervención en el pleno monográfico del Parlamento catalán del pasado jueves, fue un signo tardío de que el principio de realidad empezaba a abrirse paso en los oníricos laberintos de una pesadilla política capaz de poner en peligro no sólo la estabilidad del Gobierno tripartito sino también la legitimidad de las instituciones autonómicas. Pero los demonios pasionales de las luchas interpartidistas habían roto ya las ataduras del buen sentido: será dificil encerrarlos de nuevo en la botella de la que nunca deberían haber salido. También el ex presidente Pujol abandonó su retiro para echar leña al fuego y dramatizar todavía más una polémica ya al rojo vivo. Aunque sea habitual que los profesionales del poder tengan escasa conciencia de la brecha existente entre su mundo endogámico de intereses y las preocupaciones de los ciudadanos que les votan, esa separación alcanza esta vez una nitidez y hondura singulares.

El pleno del Parlamento catalán convocado la semana pasada para analizar las causas de los daños producidos en el barrio barcelonés del Carmel, debidos al hundimiento el 27 de enero de un túnel de maniobras en las obras de la nueva línea del metro, estuvo muy lejos de satisfacer el descontento y la frustración provocados en los afectados (más de mil vecinos desalojados, decenas de comercios cerrados, varios edificios condenados al derribo, viviendas apuntaladas y con paredes agrietadas) por la deficiente gestión administrativa de las autoridades a la hora de hacer frente a las primeras consecuencias de los socavones y derrumbamientos. En un agrio intercambio de reproches con Artur Mas, portavoz de Convergència i Unió (CiU), el presidente de la Generalitat afirmó que el "punto clave" del debate guardaba relación directa con prácticas corruptas de gobierno atribuibles al partido que permaneció en el poder desde 1980 a 2003: "Ustedes tienen un problema y este problema se llama tres por ciento". El significado de esa alusión cabalística quedaba suficientemente aclarado por el editorial aparecido esa misma mañana en un diario de Barcelona con el título Si aflorase un 3% de la verdad sobre el Carmel..., que manejaba como hipótesis explicativa del hundimiento del túnel de maniobras del metro el eventual ahorro económico en materiales de seguridad inducido por el desvío hacia comisiones ilegales del dinero necesario para llevar a cabo esas labores: "Llega la hora de investigar si todo lo que se dice en Cataluña sobre el destino del 3% del dinero de las obras públicas adjudicadas años atrás ha acabado influyendo en el grosor de los encofrados o en el número de catas en el Carmel".

Verde y con asa: la tendencia de los políticos a tomar como hechos probados las conjeturas periodísticas alcanzó esta vez su máximo nivel de ligereza. Dado que las obras del metro fueron licitadas mientras CiU ocupaba el poder, el portavoz Artur Mas interpretó inequívocamente de forma acusatoria la insinuación del presidente de la Generalitat y le exigió con tono extorsionista una retractación inmediata. Maragall accedió al ultimátum "por una sola razón": para que CiU cumpla "su parte de obligación" en proyectos como el Estatuto. Apenas hubo eufemismos o sobrentendidos necesitados de traducción. El presidente de la Generalitat estableció primero una relación de causa y efecto entre las comisiones del 3% percibidas por CiU para conceder las obras del metro y la tragedia del Carmel; Mas amenazó a continuación con boicotear la reforma del Estatuto si no retiraba sus palabras; finalmente, Maragall aceptó el chantaje en nombre de Cataluña.

La moraleja cínica de ese diálogo sería que PSC y CiU rubricaron el pasado jueves en sede parlamentaria un pacto para amnistiarse mutuamente la corrupción autonómica y municipal de la que fuesen responsables en el pasado y para consagrar hacia el futuro las prácticas de financiación ilegal partidista mediante comisiones ilegales por licencias o contratos otorgados desde el poder. Pero la hipótesis alternativa dejaría a los pies de los caballos sólo a Maragall, cuya frívola denuncia equivocada sobre las causas de la tragedia del Carmel habría blindado ante la opinión pública a los destinatarios de cualquier denuncia cierta.