Las empresas privadas de seguridad crecen un 10% en dos años

El número de empresas privadas de seguridad aumentó en la Comunidad Valenciana en un 10% en los últimos dos años hasta alcanzar las 40 firmas censadas por el Cuerpo Nacional de Policía, según datos de un sindicato policial. Fuentes de la patronal de las compañías privadas elevan la cifra hasta las 103 firmas, si bien admiten que muchas de ellas pueden estar inactivas. Sindicatos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía achacan este crecimiento a la inseguridad ciudadana potenciada por la escasez de medios policiales. Vicente Herrador, dirigente del SUP en Alicante, advierte de que muchas de las empresas de seguridad no cumplen los requisitos exigibles y tienen personal sin cualificar.

Un caso paradigmático de la boyante situación de las empresas de la seguridad privada en la Comunidad Valenciana se materializa en las comarcas de las Marina Alta y Baixa. El temor de sus residentes, castigados por una oleada sin precedentes de asaltos violentos a casas, ha disparado la demanda de estos servicios de seguridad. Así, muchos chalés disponen de vigilancia privada. Las firmas de seguridad de la zona corroboran que su actividad se ha duplicado en el último año. Precisamente, fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y del Sindicato Unificado de Policía (SUP) reconocen que la elevada criminalidad, esencialmente en la provincia de Alicante, y la escasez de medios de los cuerpos policiales ha beneficiado el florecimiento de empresas de seguridad en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, fuentes de la Asociación Profesional de Compañías Privadas (Aproser) -patronal del sector que representa al 75% de las firmas- difiere de esta opinión y recalca que el fortalecimiento del negocio de la seguridad privada "está relacionado con el crecimiento económico".

Según datos de Aproser, la Comunidad Valenciana es la cuarta autonomía con mayor número de empresas privadas de seguridad en activo. Según la patronal, el número de firmas se eleva a 103. Si embargo, el Cuerpo Nacional de Policía sólo tiene censadas en su registro central unas 40 -el Ministerio del Interior es el organismo que autoriza la actividad legal de estas empresas-. La explicación que da la patronal es que muchas de ellas pueden estar inactivas. Al volumen total de las 103 firmas controladas por Aproser, hay que agregar las delegaciones que muchas de las empresas tienen en las tres provincias. Según datos de la patronal, Alicante, con 81 empresas, es la provincia con mayor negocio de las firmas de seguridad. Valencia, por su parte, cuenta con 57, y Castellón con 29. El número de trabajadores en el sector de la seguridad privada en la Comunidad Valenciana está en torno a los 5.000 empleados. Del total, 4.500 se dedican a labores de vigilancia y el resto, a la instalación de alarmas y otros dispositivos de seguridad.

El dirigente del SUP en Alicante, Vicente Herrador, critica no tanto la proliferación de estas empresas sino la contratación por parte de éstas de personal sin cualificar. "Muchos desconocen sus límites de actuación y se exceden en su actividad", apunta.

Numerosos son los casos de porteros de discoteca acusados y procesados por excederse en sus funciones. El último suceso se registró unos quince días atrás en Muro de Alcoy. Cuatro porteros de una discoteca fueron arrestados por propinar supuestamente una brutal paliza a un cliente. La víctima quedó hospitalizada con heridas de consideración durante cinco días en el Hospital Virgen de los Lirios en Alcoy. Fuentes de la patronal se apresuran a matizar que las compañías privadas de seguridad no prestan servicios a discotecas. La patronal precisa que el 73% del volumen de su negocio radica en la prestación de servicios a empresas privadas y que el sector público representa el 23% de su negocio. La patronal detalla que sus funciones consisten en tareas de vigilancia, transportes de fondos, e instalación de sistemas de seguridad y de alarmas.

Sin embargo, Manolo Martínez de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) advierte de la aparición de empresas "piratas" que ofrecen vigilantes sin la preparación preceptiva. Para ejercer como vigilante de seguridad habilitado con o sin arma -cuya licencia expide la Guardia Civil-, el aspirante ha de superar un examen, teórico y práctico, convocado por el Ministerio del Interior. Además, debe participar en cursos de formación con horas prácticas. Los requisitos mínimos son: tener la nacionalidad española o de cualquier país de la Unión Europea. Quedan excluidos para esta tarea los inmigrantes. La patronal resalta que se trata de un sector "muy regulado" por el Ministerio del Interior.

El portavoz de la Guardia Civil avisa de la importancia de que el cliente compruebe la legalidad de la empresa de seguridad que contrata. "Puede registrarse una batalla campal entre delincuentes y profesionales de seguridad, si éstos últimos desconocen cuáles son sus limitaciones". La responsabilidad civil recae en la empresa; pero si ésta no reúne las condiciones legales, el responsable subsidiario de lo ocurrido es el contratante.