El fracaso del 'no preguntes, no respondas'

Las Fuerzas Armadas de EE UU tienen desde hace años una política ambigua sobre la presencia de gays entre los uniformados. A nadie le preguntan, como antes, si es o no homosexual como condición para alistarse, pero el que lo es tampoco puede decirlo: don't ask, don't tell (no preguntes, no respondas). Esa política vergonzante, que supuso un avance con respecto a la anterior prohibición, pero que fracasó en su objetivo básico, ha tenido un importante coste económico y de inteligencia, según el primer informe parlamentario sobre sus consecuencias.

En 1981, el Pentágono salió al paso de las presiones sociales de años anteriores para que el Ejército cambiara su política tradicional y admitiera la presencia de gays entre sus filas: la homosexualidad se declaró "incompatible con el servicio militar". En la década de los ochenta, casi 17.000 hombres y mujeres -la mitad, alistados en la Marina, y el 20%, mujeres de raza blanca- fueron apartados de las Fuerzas Armadas. Los grupos gays y de defensa de derechos civiles lograron organizar una amplia campaña en contra de la prohibición y en 1993, poco después de tomar posesión como presidente, Bill Clinton pidió al secretario de Defensa que elaborara una propuesta para derogar la ley.

Clinton se encontró con la oposición del Pentágono, que mantenía que la presencia de gays y lesbianas podía interferir con las misiones militares, y de parte del Congreso y la opinión pública. Después de meses de intenso debate y de notables concesiones con respecto a la intención inicial, el Congreso aprobó en 1993 la política que permite a gays y lesbianas estar en el Ejército en tanto que se abstengan de hacer pública su orientación sexual. Esa política no dio los frutos que esperaban sus promotores: no evitó las expulsiones formales ni frenó las agresiones encubiertas o evidentes contra los gays, como demostró, en 1999, el asesinato de Barry Winchell por ser homosexual. Aunque el autor fue condenado a cadena perpetua, un informe oficial exoneró a los oficiales y aseguró que no había homofobia en Fort Campbell, la base de Kentucky en la que ocurrieron los hechos.

La cuestión ha vuelto de nuevo al debate público, con nuevas presiones a favor de normalizar la situación de gays y lesbianas después del 11-S. Los despliegues en Afganistán e Irak y la guerra contra el terrorismo exigen más personal uniformado. Y, como demuestra el primer informe parlamentario sobre la cuestión, la política de don't ask, don't tell ha sido calamitosa para el Ejército: "Cientos de militares altamente cualificados, incluyendo traductores e intérpretes, han tenido que dejar las Fuerzas Armadas debido a la prohibición, con un coste cercano a los 200 millones de dólares". El cálculo se basa en las gastos que supuso "reclutar y entrenar a 9.488 soldados expulsados de la Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército y los marines entre 1994 y 2003". De los expulsados, 757 estaban a cargo de tareas importantes en el Pentágono, 322 hablaban varias lenguas (incluidas árabe, farsi, coreano y mandarín) y un número indeterminado pertenecía a los servicios de inteligencia.

El congresista demócrata Marty Meehan, que había solicitado el informe, está impulsando una nueva ley que acabe con la política de don't ask, don't tell y prohíba la discrminación basada en la orientación sexual dentro de las Fuerzas Armadas. Doce gays expulsados del Ejército se querellaron contra la Administración en diciembre citando una sentencia del Supremo que dice que las normas que criminalizan la homosexualidad son anticonstitucionales. En cuanto a la opinion pública, según un sondeo de Gallup de diciembre de 2003, el 79% de los estadounidenses apoyan que los gays puedan alistarse abiertamente en el Ejército.