El cuestionado honor de don Carlos Fabra

En el juzgado de instrucción número 5 de los de Castellón han comparecido esta semana varios periodistas de Valencia imputados como autores de informaciones y opiniones presuntamente punibles. El demandante ha sido Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, lo que es una descripción minimalista de su verdadera dimensión política y relevancia social en el ámbito de la provincia. El personaje ha sentido allanado su derecho al honor y ha procedido contra varios colegas, movilizando asimismo a una cohorte de cualificados testigos. El fallo dará o quitará razón en su día, pero el juzgador habrá de hilar fino porque los empapelados son bastante duchos en semántica para dosificar los adjetivos y distinguir, pongamos por caso, al trincón del intermediario.

Nada hemos de objetar a la decisión del presidente, que bien hace en mirar por su honor y a quien con toda seguridad le asesoran mentes preclaras del foro e incluso de la cátedra, aunque eso, según constatan los comparecientes, resulta más que dudoso en este trance concreto. No siempre, ni mucho menos, los ringorrangos académicos acreditan la solvencia profesional. Pero si derecho tiene uno a bregar por su buen nombre y fama, no lo tiene menos el ciudadano a saber de qué pasta está hecho el gobernante, tanto más cuando, acaso por la indulgencia o laxitud informativa de la que éste ha sido beneficiario, no hemos tenido noticia de su perfil público y también del privado de interés general.

Como es sabido, el presidente Fabra es hoy una figura especialmente notoria, no tanto por el desmedido gasto en comilonas más o menos oficiales y festejos taurinos que le endosa a la corporación, como por el contencioso promovido por un empresario, ex amigo y socio que le acusa de varios delitos graves. Un conflicto enredoso como un culebrón mexicano que de momento se condensa en un encausamiento por varios delitos contra la Administración Pública y contra los derechos de los consumidores. El asunto, que viene rodando desde comienzos del pasado año, ha involucrado, además, como imputados, a seis altos cargos de José María Aznar y Eduardo Zaplana. El fiscal que entiende en estas diligencias las ha pronosticado "extensas y letales", algo que no ocurría con el colega que le precedió, propenso a la investigación mansa u obsequiosa.

Uno comprende que el señor Fabra ande de uñas con los periodistas y que haya pretendido requisar en algún momento toda la información atinente a sus trajines. Pero eso, quizá factible en el feudo que gobierna, es imposible más allá, donde causan pasmo las noticias que su persona y trayectoria alumbran sin pausas apenas. Tal es, digamos a modo indicativo, el espectacular incremento de su fortuna inmobiliaria y mercantil en sintonía con sus gestiones de asesoramiento y mediación en organismos de la Administración para legalizar ciertos productos fitosanitarios avalados por análisis al parecer manipulados. De ser cierto lo que proclama su ex socio o cliente, motor de éste escándalo, habría que anudar una cuerda de presos con no pocos funcionarios y políticos, por cándidos o mucho peor. Esperemos que las aludidas diligencias letales acaben realmente siéndolo para cuantos corruptos anublan esta tramoya.

La verdad es que se necesita audacia para sentar en el banquillo a unos periodistas cuando se ha dejado un rastro tan ominoso de sucesos, que pueden no conculcar las leyes, pero sí dar justo pábulo a toda suerte de sospechas: compra compartida de minas con el chófer, inmobiliarias a medias con el guardaespaldas, adquisición de masías de la Diputación, ocultación de bienes en las declaraciones, regalos suntuosos, y no precisamente de bisutería, gajes para la Mutua de Seguros de la que se es dirigente y otros enjuagues que han aflorado a lo largo de estos meses.

Según el artículo 10 del Código Ético del PP, como recordó el portavoz de EU, Joan Ribó, Carlos Fabra habría de haber sido expulsado del partido. En cambio, es un líder lisonjeado. Pero en la complicidad lleva el partido la penitencia que supone la pérdida de legitimidad para reclamar ética y el enfeudamiento a una persona de la que, visto está, únicamente les librará un fallo judicial. El que ahora se instruye, y no a los periodistas.