Una juez ordena a la Administración que devuelva a una inmigrante expulsada al punto en que fue detenida

La titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de San Sebastián, Ana Isabel Martín, ha dictado un auto en el que ordena a la Administración central que devuelva a una inmigrante boliviana que fue expulsada de España sin comunicárselo a su abogado al mismo punto donde fue detenida. La juez ha tomado esta medida cautelar, de obligada e inmediata ejecución, pese a ser recurrible, para evitar que la mujer se vea afectada en su pretensión de regularizar su situación.

Gabriela Queteguari entró en España a través del aeropuerto de Barajas el 2 de abril de 2004 para asistir a la boda de su hermana con un ciudadano español en Irún. Durante su estancia, halló trabajo como empleada de hogar y cuidadora de una mujer, cuya familia quiere ahora contratarla dentro del nuevo proceso de regularización de inmigrantes.

Sin embargo, Queteguari fue detenida el 16 de noviembre en una céntrica calle de Irún. Ese mismo día se le informó de que iba a ser expulsada, en virtud de una resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa. Ni el arresto ni la expulsión fueron notificadas en ese momento a su letrado. Esa omisión reviste "mayor gravedad", recoge el auto, si se tiene en cuenta que la mujer permaneció detenida tres días hasta que se materializó la orden de expulsión. La juez añade que fue una omisión "voluntaria", pues días después sí se le comunicaron los hechos al letrado, quien recurrió la resolución.

La juez estima el recurso y considera que si el abogado hubiera conocido a tiempo lo ocurrido, hubiese pedido la "intervención urgente" del juzgado para suspender la ejecución de la expulsión.

Esta suspensión "se habría otorgado inexcusablemente" dada "la situación de la recurrente" y el perjuicio "irreparable" que podía conllevar la expulsión, sostiene. Por eso, y tras indicar que la ejecución anticipada de la expulsión ya ha perjudicado a Queteguari al darse "un quebranto de su situación personal, familiar y laboral de arraigo", ordena su retorno a cargo de la Administración.