PSOE y PP vuelven a enfrentarse por el acuerdo de impulso democrático y las cesantías

La disputa por el acuerdo de impulso democrático volvió ayer a propiciar una bronca entre PSOE y PP. La mayoría socialista rechazó en el Parlamento una proposición de ley del PP para que los directores generales y delegados provinciales tengan que ser obligatoriamente funcionarios de carrera, defendida por la popular María José García Pelayo como una forma de evitar que los socialistas "se llenen los bolsillos". El PP amenazó también con acudir a los tribunales si se mantienen unas enmiendas de impulso democrático a las que los letrados han hallado defectos formales.

La iniciativa que el PP llevó ayer a pleno era una respuesta al llamado acuerdo de impulso democrático, del que, tras meses de negociación, el partido conservador acabó por descolgarse con tremendo estruendo al argumentar que no había garantías de cumplimiento y calificar de barbaridad las indemnizaciones a los altos cargos y el estatuto del presidente de a Junta, al que han bautizado como pensionazo. García Pelayo explicó con extrema brevedad la pretensión de su grupo (modificar la Ley de Gobierno y la Administración para que los directores generales y delegados provinciales sean funcionarios de carrera para alcanzar mayor profesionalización) y pasó directamente al ataque del pacto.

Pelayo dijo que el acuerdo de PSOE, IU y PA es una componenda de "impulso económico con el que el PSOE busca su blindaje político en el Parlamento". A su entender, que los altos cargos sean funcionarios obligatoriamente les libera de la "soga" del PSOE y frena en seco que los socialistas utilicen la Administración para "devolver favores". "El PSOE y sus socios pretenden llenarse los bolsillos a costa de los andaluces y establecer pensionazos para los altos cargos", enfatizó.

Capacidad

El portavoz del PSOE, Juan Paniagua, sostuvo que ya se usan para el nombramiento de altos cargos los criterios de "idoneidad y capacidad" y que con lo que propone el PP sólo se consigue "excluir" a cinco millones de andaluces. Paniagua dijo que el PP miente a sabiendas sobre las indemnizaciones de los altos cargos con la intención de "crispar".

Pedro Vaquero, de IU, explicó que su grupo siempre ha defendido un modelo de Administración similar al francés, aunque mostró su "asombro y molestia" por el discurso con el que García Pelayo había acompañado la propuesta: "Se han pasado 20 pueblos al poner bajo sospecha a los políticos en general, con lo que no le hace ningún favor a la democracia".

El andalucista José Calvo Poyato se decantó por la abstención y argumentó que su partido no tiene claro si es beneficioso que los funcionarios dirijan la política, al tiempo que rechazó también las palabras de García Pelayo: "Los políticos lo podemos hacer mejor o peor, pero ninguno estamos en esto para llenarnos los bolsillos".

Mientras en el pleno el acuerdo de impulso democrático era el hilo conductor del debate, en los pasillos y fuera de la Cámara, populares y socialistas protagonizaron un nuevo rifirrafe por este asunto. El presidente del PP, Javier Arenas, amenazó con acudir a los tribunales si PSOE, IU y PA mantienen las enmiendas que han presentado a las cinco leyes que se cambiarán en virtud del impulso democrático.

Tras la salida del PP de las negociaciones, estos grupos decidieron incorporar algunas iniciativas en forma de enmienda a las que el PP se había opuesto, como las llamadas listas cremalleras (alternar hombre y mujer en las listas electorales), la obligación de publicar el patrimonio y bienes de todos los candidatos y las censarías de los altos cargos y delegados de la Junta.

No obstante, en la reunión de la Mesa de la Comisión de Coordinación y en la Mesa de la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración Pública los letrados manifestaron objeciones a la calificación de algunas de ellas, ya que, según el Tribunal Constitucional, las enmiendas no pueden ir más allá de la materia de la iniciativa legislativa. Las enmiendas fueron calificadas por acuerdo mayoritario de las respectivas mesas.

Arenas interpretó ayer que se ha incumplido el Reglamento de la Cámara, que la tramitación de las enmiendas es "irregular" y que el PSOE pretende "blindarse" con los informes en contra de los servicios jurídicos. El portavoz del PSOE, Manuel Gracia, replicó que no existe ningún informe, "ni siquiera están las actas de las reuniones", sólo "la dudas verbales de los letrados", que el Reglamento no establece la obligatoriedad de que las enmiendas pasen un dictamen jurídico y que el "PP debería de dejar de manipular todo lo que se pone a su alcance".