El tripartito catalán acepta una comisión de investigación sobre el túnel del Carmel

Los tres grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno catalán de Pasqual Maragall aceptan que se cree una comisión de investigación sobre el hundimiento registrado en las obras del metro en el barrio del Carmel de Barcelona. Es una rectificación, porque el 15 de febrero bloquearon en el Parlamento autónomo la correspondiente propuesta presentada por la oposición. Sin embargo, el mayor de estos partidos, el socialista, pretende que la comisión esté formada por técnicos y no por políticos, según el modelo británico de la comisión de encuesta. Los otros dos partidos que apoyan al tripartito proponen el modelo previsto en el reglamento de la Cámara, en el que se reproduce la mayoría de gobierno.

La creación de esta comisión de investigación se decidirá en el debate sobre el hundimiento del túnel y sus consecuencias que el Parlamento catalán iniciará mañana. Los grupos de la oposición, Convergència i Unió (CiU) y Partido Popular (PP), tampoco coinciden sobre qué investigar. Mientras CiU pretende que se centre en la gestión de la crisis, el PP quiere que comprenda le génesis del proyecto, que data de la etapa en la que CiU estaba al frente del Gobierno de la Generalitat.

Los socialistas quieren aprovechar la ocasión para sustituir el modelo de comisión parlamentaria de investigación existente en la Cámara catalana, que en el pasado se ha demostrado muy ineficaz, porque está totalmente controlada por la mayoría de Gobierno. La experiencia en los 23 años de Gobiernos de CiU fue que las pocas comisiones de investigación que se crearon terminaron por convertirse en comisiones de exculpación de la actuación del Gobierno, incluso cuando había sobre la mesa elementos que apuntaran inequívocamente en dirección contraria.

Por esta razón, el portavoz del PSC-Ciutadans pel Canvi en el Parlamento, Miquel Iceta, explicó que su grupo quiere "separar la investigación de la lucha partidista". Se trataría de evitar, dijo, que estas comisiones terminen por convertirse en "un pim pam pum" entre partidos o entre Gobierno y oposición.

La alternativa es en su opinión una comisión presidida por una personalidad de prestigio y neutralidad indiscutida e integrada por personalidades designadas por su capacidad profesional y técnica para investigar un asunto muy complejo desde estos puntos de vista. Admitió que en la comisión podrían integrarse también políticos, pero no para reproducir en ella la relación de fuerzas existente en el Parlamento.

Este modelo de comisión fue rechazado por CiU, pero no por el PP. "Debe ser una comisión parlamentaria", afirmó rotundamente el portavoz del grupo de CiU, Felip Puig. En cambio, el portavoz del PP, Francesc Vendrell, se mostró más ecléctico sobre este aspecto y afirmó que podía aceptar cualquier fórmula mientras la investigación sea un encargo de la Cámara catalana y sus conclusiones "vayan al Parlamento para que la debata y tome los acuerdos pertinentes".

Las posiciones eran también distintas en los otros dos partidos que apoyan al Gobierno catalán. Esquerra Republicana (ERC) contemplaba ayer sólo las dos posibilidades que figuran en el Reglamento del Parlamento, que no son las propuestas por Iceta. El portavoz de ERC, Joan Ridao, dijo que el Parlamento se enfrenta al reto de recuperar la "credibilidad perdida por el Departamento de Política Territorial". El portavoz de Iniciativa Verds (ICV), Joan Boada, señaló que las comisiones de investigación parlamentaria son las que el reglamento de la Cámara define.

El líder de la oposición, Artur Mas, de CiU, advirtió que el debate que mañana comienza en el Parlamento con una intervención a cargo del consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, ha de concluir fijando responsabilidades políticas por el hundimiento. "CiU no se conformará con dimisiones de segundo nivel", afirmó, "porque la asunción de responsabilidades ha de ser a nivel gubernamental". El presidente Maragall, sin embargo, afirmó ayer que esta crisis ha "reforzado" su confianza en Nadal, lo que es una clara indicación de que no está dispuesto a aceptar su dimisión.

En Madrid, el Congreso de los Diputados debatió ayer sobre la catástrofe y rechazó por 162 votos contra 155 una proposición no de ley de CiU, apoyada y parcialmente enmendada por el PP, que pedía una serie de ayudas económicas, exenciones y demoras fiscales para los afectados.