En libertad bajo fianza los dos empresarios acusados por el accidente mortal de Maracena
Los sindicatos esperaban que el juez ordenase la prisión como "medida ejemplarizante"
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, José Sola, decretó ayer por la tarde la libertad bajo una fianza de 30.000 euros para cada uno de los dos empresarios de la construcción detenidos el pasado jueves, tras morir un joven obrero "sin papeles" en una obra que realizaba su empresa en Maracena (Gramada). El Fiscal y la asociación particular habían solicitado la prisión incondicional. Los sindicatos expresaron su "desilusión" al entender que "enviarlos a prisión hubiera sido ejemplarizante". Los empresarios fueron detenidos el pasado jueves y enviados el sábado a prisión.
Tras pasar toda la jornada en el juzgado, dos días en el cuartel de la Guardia Civil de Maracena y otros dos en la Prisión Provincial de Albolote, los dos empresarios Miguel Robles y Miguel Ángel Santiago, pudieron regresar a casa ayer tarde tras pagar la fianza de 30.000 euros que el juez le impuso a cada uno de ellos.
Los dos sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, expresaron anoche su pesar por la medida. De hecho, ambos estaban ya personados en la causa y, junto a la familia del joven fallecido, Carlos Oscar Romero, habían solicitado al juez la prisión incondicional. Por eso, ambas fuerzas expresaron su pesar por la medida de cárcel eludible mediante fianza. Consideran que "haberlos enviado directamente a la prisión hubiera sido una medida ejemplarizante".
Ayer también declaró ante el titular del Juzgado número 5, el inmigrante boliviano compañero de trabajo del joven fallecido. Está acusado de omisión del deber de socorro, pero ya había quedado en libertad con cargos el sábado, tras prestar declaración en el Juzgado de Guardia.
A los dos empresarios, propietarios de la sociedad Robles y Santiago, S.L., se les acusa un delito de homicidio imprudente, otro contra la administración de justicia, tras ser denunciado uno de ellos por el hermano de Carlos Oscar, de amenazas; y de un delito continuado contra el derecho de los trabajadores. Según las acusaciones, tenían a inmigrantes indocumentados trabajando, no atendieron al joven fallecido cuando cayó del andamio desde el octavo piso y huyeron del lugar; y el andamio carecía de las más mínimas medidas de seguridad.
Según fuentes jurídicas consultadas, las penas que, teóricamente, corresponderían a estas acusaciones, oscilarían entre los 5 y los 12 años de prisión, por lo que, tanto el Fiscal como la acusación particular habían pedido al juez su ingreso en prisión incondicional.
El Fiscal Jefe de Andalucía, Jesús García Calderón, no quiso anoche pronunciarse sobre este caso en concreto, aunque sí dijo que "desde la Fiscalía, sí habíamos advertido desde hace bastante tiempo el problema que la inmigración podría suponer en casos como el empleo en precario".
En anteriores memorias de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se recogía, efectivamente, las repercusiones que podría tener en la vida social, económica y laboral la incorporación a numerosos inmigrantes a la sociedad andaluza, en casos, en situación irregular, como es el caso de Carlos Oscar Romero, joven de 20 años, de nacionalidad boliviano-argentina.
El secretario general de Comisiones Obreras de Granada, Rafael Roldán, expresó anoche su "desilusión, sorpresa y estupor" tras conocer que los empresarios habían quedado en libertad bajo fianza por orden judicial. Roldán cree que los delitos que se les imputan son "lo suficientemente graves como para que el juez hubiera decidido enviarlos a prisión directamente".
Tanto UGT como Comisiones pretendían, como recoció Roldán, "que este caso se hubiera configurado en precedente para toda España, para que tuviera un castigo como otros actos terroristas". Los sindicatos consideran que la puesta en libertad de ambos empresarios, significa "un paso atrás después de avance que había supuesto el que fueran detenidos el pasado jueves por la Guardia Civil y se hubiera convertido en el primer caso de estas características en España".
Así que los sindicatos contemplaron la medida del juez con "resignación" aunque anunciaron que harán todo lo posible por que "el peso de la ley caiga sobre estos empresarios sin escrúpulos".
