Las dificultades de un profesor minusválido

Soy profesor del IES Cristóbal de Monroy, de Alcalá de Guadaíra, y minusválido para más inri. El pasado mes de noviembre accedí a que me bajaran y subieran a pulso al salón de actos de nuestro edificio para escuchar las razones de nuestro delegado de Educación, acompañado del arquitecto jefe, sobre el estado ruinoso del centro. Nunca reclamé que se arreglara la cosa, porque ya tuve que hacerlo por cuestiones más básicas, como el aseo, el ascensor y la misma entrada. Volviendo a aquella reunión, al final me dirigí a los mentados señores para comentarles mi decisión de no entrar en ninguno de los campos de refugiados que se nos asignaban, en el caso de que encontrara el mínimo obstáculo, es decir, el mínimo incumplimiento de la normativa sobre barreras arquitectónicas.

Como era de esperar, ninguna de las dos autoridades conocía (o quizá, reconocía) la situación de los centros, en lo que se refiere a los impedimentos para discapacitados. Fingí mi ingenuidad preguntando por qué no facilitaba la delegación un listado de centros accesibles. Y ellos no evitaron la desfachatez de explicarme el motivo: eso sería declarar abiertamente que se incumple la ley. Dos semanas después, cuando se reanudaron las clases, el colegio público Leonor de Guzmán era, efectivamente, impracticable. Me volví a mi casa, y los alumnos se quedaron tan contentos por no tener que aguantarme una temporada.

Ya en enero, la delegación envió, por fin, a una profesora de apoyo y poco después empezaron las obras de acondicionamiento del colegio, que parece que van a buen ritmo. Es asombroso lo que puede el escándalo. Más de 20 años reivindicando mi dignidad ante las autoridades educativas y cada vez que me he negado a arrastrarme (en el sentido figurado y el literal) para desarrollar mi trabajo, la respuesta de la Administración ha consistido en amenazarme con la apertura de un expediente disciplinario, o, de manera más compasiva, aconsejarme la baja.

Ellos, políticos y técnicos a su servicio, tienen bastante con salir en los medios de comunicación de vez en cuando, inaugurando algún que otro "centro de integración", o cosas parecidas, para crear en el público una imagen idílica. Pero, según mi experiencia, basta una simple fotografía del mundo real en el periódico, acompañada si es posible de un poco de ruido callejero, para que se pongan a estudiar rápidamente la Declaración universal de los derechos humanos o la Constitución española, o incluso algunos más difíciles de entender y asimilar: los referidos a la abundante legislación sobre la eliminación de barreras arquitectónicas.

En cuando al IES Albero, el otro centro de acogida para los refugiados del Monroy, todo estaba en orden..., aparentemente. Los accesos desde la calle están llenos de trampas que tengo que sortear todos los días. El edificio posee un aseo destinado, en teoría, a minusválidos, pero sin acondicionar, y que se usa habitualmente como almacén. Existe (¡y funciona!) el ascensor, pero tardé una semana en conseguir la llave, de manera casi clandestina. Yo mismo tuve que ceder una copia a una alumna minusválida que también la necesitaba.

Por último, la reciente primera evaluación tuvo que celebrarse en unos locales cedidos por la Parroquia de San Mateo, a los que se accede por múltiples y empinadas escaleras, así que de nuevo tuve que coger el camino de vuelta.

Como anécdota final a esta historia, resaltaré que ni siquiera el edificio de la Delegación de Educación de Sevilla respeta la normativa sobre barreras. Si confiamos en la palabra del señor delegado, el nuevo y flamante Cristóbal de Monroy estará listo en septiembre, para el nuevo curso. No sé por qué, pero sospecho que no lo estará para mí, a no ser que me ocupe yo mismo de inspeccionar las obras y de exigir, o mendigar más bien de nuevo, que se cumpla la ley.