Restricciones a la información

El hundimiento de un túnel en construcción del metro y el desalojo de 1.057 vecinos del barrio barcelonés del Carmel están poniendo a prueba la capacidad del Ayuntamiento de la ciudad y de la Generalitat de Cataluña de relacionarse con los periodistas en casos de crisis. Sobre todo durante las dos primeras semanas del conflicto, los profesionales de los medios tuvieron más dificultades de lo habitual para acceder a las fuentes de información, sobre todo a los vecinos afectados. Ello provocó un enfrentamiento entre las organizaciones de los periodistas y las administraciones.

Federico Miguel Maldonado, un lector de Granada, considera que EL PAÍS ha prestado muy poca atención al problema y cita como única referencia el artículo publicado la semana pasada por Soledad Gallego en Domingo, que detalla "la serie de despropósitos" de las dos administraciones catalanas. "En una sola información del periódico", agrega, "tuvimos los lectores ocasión de enterarnos del asunto, y fue de pasada, sin entrar en el fondo. Si no fuese por otros medios, quizá ni eso hubiésemos podido leer en éste nuestro periódico". El lector critica a varias televisiones y agrega refiriéndose a EL PAÍS: "Lo más significativo es el editorial en el que se habla de 'síndrome de restricción informativa'. No puede haber una evidencia más patente del intento de ocultación de la censura. Por su parte, el Defensor del Lector ni siquiera menciona queja alguna al respecto, por lo que se deduce que nadie ha protestado o que las protestas de los lectores no ven la luz".

Antes de seguir adelante aclaro este último punto: la del señor Maldonado es la primera y única queja recibida hasta la fecha por este asunto.

Andreu Missé, subdirector en Barcelona, responde: "Entiendo el enfado del lector de Granada porque no ha podido leer en su edición toda la información sobre el Carmel que ha aparecido en la edición de Cataluña. Es consecuencia de contar con distintas ediciones territoriales. En la edición de Cataluña, durante los días 9, 10 y 11 de febrero se publicaron cada día informaciones en las que se recogían las protestas del Colegio de Periodistas, del Sindicato de Periodistas y del Comité Profesional de TV-3 que aludían a que las administraciones impidieron a los profesionales el acceso a la zona del derrumbe alegando razones de seguridad".

Esas informaciones fueron tituladas a un máximo de tres columnas. Missé explica por qué: "Estos intentos de limitar la información eran muy graves, aunque no constituían el núcleo más relevante de la actualidad, sobre todo porque cada uno de esos intentos fracasaba a poco de iniciarse. Por ello dedicamos los mayores esfuerzos a explicar el derrumbe, averiguar sus causas y, sobre todo, describir la dramática situación en que se hallaban las personas afectadas". A continuación hace una reflexión general: "Las trabas a los periodistas son graves porque reducen seriamente el derecho a la información de los ciudadanos. Son prácticas con las que desafortunadamente tenemos que lidiar y procuramos solventarlas por todos los medios posibles. Los poderes políticos y económicos cuentan cada vez con más medios para influir, dirigir, orientar y restringir, cuando no manipular, la información. Quizá con el propósito de huir de cualquier protagonismo evitamos dar excesivas referencias sobre las crecientes trabas con que se enfrenta nuestra profesión".

Para que los lectores se hagan una idea de qué tipo de obstáculos se han tenido que sortear en el caso del Carmel, he pedido a tres periodistas de EL PAÍS (un gráfico y dos literarios) que expongan dificultades concretas con que se han encontrado. Veamos algunas:

- El jueves 27 de enero, día del hundimiento, tanto los responsables de prensa del Ayuntamiento como los técnicos municipales vetaron a la prensa la entrada al centro cívico Boca Nord, donde se concentró el dispositivo de atención a los afectados, con el argumento de que debía respetarse la privacidad de los vecinos. La mayor parte de los periodistas entraron y hablaron discretamente con quien estuvo dispuesto. El juego del gato y el ratón siguió los días siguientes.

- El domingo 30 de enero, dos policías municipales custodiaban la puerta del hotel Bel-Art, donde se alojaban los habitantes de un inmueble que iba a ser derribado, con "órdenes del Ayuntamiento" de impedir la entrada a cualquier periodista. El lunes la situación se repitió, pero la mediación de los servicios municipales de prensa permitió revocar la prohibición.

- El 31 de enero, el Ayuntamiento negó la entrada a cualquier periodista en la reunión que los concejales Imma Mayol y Francesc Narváez mantuvieron con los vecinos que se alojaban en el hotel Alimara. La mediación de los servicios de prensa sólo hizo posible que entraran unos minutos los gráficos. En la sala, los vecinos pidieron que entraran los periodistas. "¡Aquí hay censura!", gritaron algunos.

- El 3 de febrero a las siete de la mañana un redactor gráfico buscaba una buena posición para fotografiar el segundo socavón. Pidió a un vecino que le dejara entrar en su casa para tomar imágenes desde cierta altura. Se acercaron unos policías autonómicos y trataron de echarlo de la zona, a pesar de que estaba fuera del perímetro de seguridad, e intentaron convencer al vecino de que no le invitara a subir. No lo lograron.

- Ese mismo jueves acudió a la zona personal del Departamento de Política Territorial de la Generalitat. Aquel día y los siguientes resultó muy incómodo hablar con los afectados cuando alguno de esos empleados se situaba a uno o dos metros de distancia para escuchar las conversaciones.

Diversas organizaciones profesionales manifestaron los primeros días de febrero su protesta por las cortapisas, al tiempo que representantes del Colegio de Periodistas de Cataluña, de TV3 y de TVE (las televisiones sufrieron especialmente las limitaciones) se reunieron con las administraciones para tratar de corregir la situación.

Un acuerdo que garantizaba a los medios "el acceso a las reuniones informativas que convoque la Administración, con la única limitación de que los vecinos decidan explícitamente lo contrario", y atenuaba las limitaciones para acceder al área de los socavones se concretó el día 9, después de que el día anterior la Generalitat hiciera pública una nota que vetaba totalmente el acceso a las zonas restringidas "por motivos de seguridad" y de que ese mismo día un medio difundiera un proyecto de "protocolo" (que no pasó de borrador) que prohibía la presencia de periodistas en las reuniones del Ayuntamiento con los vecinos.

En el apartado del Libro de estilo referido a fuentes, tras establecerse que nunca se hará el vacío a una institución porque haya habido problemas con ella, se señala: "El derecho a la información es sobre todo del lector, no del periodista. Si se encuentran trabas, se superan; si éstas añaden información, se cuentan; si no es así, se aguantan". ¿Añadía cada una de las trabas relatadas información a la noticia del día? En algunos casos, sí, pero no era lo sustancial.

Lo que sucede en este caso es que, en su conjunto, esos obstáculos definían una política restrictiva que sí era noticiable y de la que los lectores, salvo los de la edición catalana, apenas recibieron información.

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electrónico (defensor@elpais.es), o telefonearle al número 913 377 836.