Nueva York se pone por las nubes

Enron pasó a la historia de los escándalos corporativos. Tres años después los efectos de la quiebra del gigante eléctrico aún pesan sobre las cotizadas de medio mundo. Éstas se han visto obligadas a ser más transparentes y a asumir costes millonarios para ello. Las ocho firmas españolas que cotizan en Nueva York se preparan ahora para el requisito más costoso: documentar y auditar los sistemas de elaboración de la información financiera. La mayoría ha reforzado sus departamentos de auditoría interna y reconocen un esfuerzo económico importante, aún por cuantificar. En EE UU el coste medio para una gran compañía se ha estimado en 16 millones de dólares.

Endesa reconoce que ha gastado casi 800.000 euros para adaptarse a la norma y cifra el esfuerzo en consultoría en 2,5 millones

Un pequeño accionista de Repsol, Telefónica, SCH, BBVA o Endesa probablemente no sabrá qué es la ley Sarbanes-Oxley. Pero los directivos de las cinco compañías cotizadas españolas más grandes por facturación, así como los de Telefónica Móviles, Terra y Telvent -filial de nuevas tecnologías de Abengoa-, llevan más de dos años dándole vueltas a estas dos palabras, que dan nombre a la ley antiescándalos aprobada en Estados Unidos como reacción a la quiebra de Enron. Endesa reconoce en su último informe de buen gobierno que ha gastado 795.534 euros para cumplir con esta norma, y su subdirector general económico, Javier Ávila, estima que sólo en consultoría el esfuerzo rondará los 2,5 millones de euros.

La ley entró en vigor en 2002 e impone nuevas obligaciones a las cotizadas y sus auditores, como la certificación de las cuentas por los primeros directivos o la creación de un comité de auditoría. Hay otro cambio más complejo y que lleva de cabeza a los departamentos de auditoría interna de medio mundo. La sección 404 del texto obliga a las empresas a documentar y auditar los procesos de elaboración de la información financiera para hacer más difícil la aparición de agujeros contables y responsabiliza de ello a los directivos.

Las grandes corporaciones estadounidenses y sus filiales tenían que cumplir con este punto el pasado 31 de diciembre. Las extranjeras que cotizan en Nueva York, entre ellas las españolas citadas, tienen un año más, aunque la mayoría empezó a trabajar en 2003.

Millones de dólares

El ejemplo estadounidense no es alentador. El gasto medio de las compañías por este esfuerzo ha sido de 16 millones de dólares, según una encuesta de la consultora RHR International and Directorship de noviembre. "Se trata de un proyecto largo, complejo y muy costoso", resume Mario Herrero, socio de la auditora BDO. Eso sin contar que la ley ha sufrido varios retoques a los que las compañías han tenido que adaptarse. En el proceso intevienen recursos internos, consultoras y auditores.

Para llevarlo a cabo cada empresa debe definir uno por uno todos los procesos que tienen impacto en el negocio, documentarlos, analizar los riesgos que conllevan y los sistemas establecidos para minimizarlos y ponerlos a prueba, primero internamente y luego ante el auditor. Fuentes de Repsol- YPF reconocen que la primera consecuencia es un aumento importante de la burocracia, "una gran carga de trabajo".

Para dar una idea de la complejidad que supone el proyecto, en BBVA han definido 36 macroprocesos que tienen impacto en los estados financieros, y en Repsol, 32. Éstos se ramifican a su vez en centenares de procesos hasta dar lugar a un árbol que disecciona el negocio al máximo. El resultado final es un informe que evalúa los controles internos y que se incorpora a la memoria anual. El primer directivo de la compañía y el director financiero son los responsables de su contenido y se arriesgan a multas e incluso a penas de cárcel.

"Todas las sociedades tenemos un sistema de control interno, lo diferente es que ahora debemos documentarlo y eso exige un esfuerzo importante", explica José Luis de los Santos, director de auditoría interna de BBVA, donde el proyecto empezó en junio de 2003 y se coordina desde una oficina en Madrid en la que trabajan a tiempo completo 20 personas. Otras oficinas más pequeñas funcionan en las filiales.

La mayoría de las firmas españolas no cuantifica el coste total del proyecto, en buena parte porque éste está a medias. El personal es una de las partidas importantes. En Repsol hay unos 50 empleados dedicados por completo, el mismo número que ha participado en la fase de documentación del proyecto en Endesa (la mitad internos y la mitad consultores).

En este terreno Estados Unidos vuelve a servir de ejemplo. La mitad de las compañías que facturan más de 20.000 millones de dólares (15.338,6 millones de euros) calcula que han invertido más de 100.000 horas de trabajo y estima que reforzará sus áreas de auditoría interna entre un 10% y un 25% por la nueva exigencia, según el último análisis trimestral de la auditora Ernst & Young. Repsol, Telefónica, los dos bancos y Endesa entran en esta categoría.

El esfuerzo, además, es mayor según se avanza en él, pues, según el mismo trabajo, el 29% de las cotizadas reconoce que el coste al menos se ha duplicado con respecto a lo previsto seis meses antes. Éste no se centra únicamente en recursos humanos. En la petrolera han contratado a varias consultoras para desarrollar el proyecto, que tiene una vertiente tecnológica importante, pues hay que revisar los sistemas que se utilizan para tratar la información y, en algunos casos, cambiarlos.

Fuentes del área legal legal de Telefónica reconocen que los costes más importantes son de personal y tecnológicos, si bien subrayan que el proceso es "más aparatoso que complicado".

Otro gasto que prevén todas las afectadas tiene que ver con la auditoría. Puesto que el sistema debe ser certificado por un auditor externo, hay que suponer que estas compañías verán crecer de forma significativa esta factura el próximo ejercicio. Un estudio de la asociación estadounidense Financial Executives International del año pasado calculaba que ese sobrecoste puede llegar al 35% que suponen los honorarios del auditor por revisar las cuentas.

Las cinco primeras compañías españolas son auditadas por Deloitte. Aunque aún no han negociado con esta firma los honorarios para el siguiente ejercicio, las últimas facturas pueden servir de guía. El SCH pagó 8,9 millones de euros; BBVA, 8,28 millones; Telefónica, 7,48 millones; Repsol, 4,6 millones y Endesa no llegó al medio millón de euros.

Sea cual sea el coste que al final asuman estas compañías, parece claro que no llegarán a los 30 millones de dólares que ha reconocido General Electric. Eso sí, las primeras empresas españolas lo han asumido como algo inevitable, pues el precio de dejar de cotizar en Estados Unidos sería mucho mayor, reconocen. En palabras de Ávila, "cotizar en Nueva York, y Endesa lo hace desde 1988, siempre nos ha dado más trabajo, pero a la larga, son cambios que llegan a Europa. Cuando lo hagan, tendremos el trabajo adelantado".