Una justicia inoperante

"En Portugal, el ciudadano común no tiene acceso a la justicia", que es un derecho de cualquier persona en "una verdadera democracia", afirma el sociólogo Boaventura Sousa Santos, director del Observatorio Permanente de la Justicia Portuguesa (OPJ), un organismo que desde 1992 estudia el funcionamiento del sistema judicial. "En los últimos 10 años ha habido muchas reformas, pero también mucho estancamiento. Y ése es el gran problema", añade. El diagnóstico del experto coincide con la percepción común: la justicia funciona mal en Portugal y, según los comentaristas y algunos políticos, es uno de los motivos de un cierto "retraso".

Hace unos dos años, el famoso proceso Casa Pia -un escándalo de pederastia que ha salpicado a destacadas figuras del medio artístico, social y político- hizo saltar el problema del "estado de la justicia" para la prensa. El diagnóstico fue unánime: hay una crisis grave en el sistema que avergüenza un país que pretende ser moderno. Destacadas figuras -como el ex presidente Mario Soares y el actual jefe de Estado, Jorge Sampaio- han denunciado las debilidades de un sistema promiscuo y donde hay un claro abuso de la prisión preventiva -Portugal es el país de la UE con más detenidos en esta situación-, donde un acusado apenas tiene derecho a defenderse, porque no sabe ni por qué ni quién le acusa debido al secreto judicial, que sólo permite el acceso al sumario después de concluida la eventual acusación formal de la fiscalía. Los profesionales de la justicia han aprovechado para denunciar que el problema está en la falta de medios y de infraestructuras o en su mala gestión.

Éste es el debate mediático o, según Sousa Santos, ésta es "la justicia dramática" que suele aparecer "siempre que personalidades importantes se ven acosadas por la justicia". Pero "la esencia del problema" es más estructural: "La inaccesibilidad" al sistema por parte de "la gran mayoría de la población", concluye el sociólogo. Los tribunales están colapsados porque "sus grandes usuarios son las empresas", en especial las que conceden créditos y tienen problemas con clientes que no pagan. "Estos procesos representan hasta un 70% de la actividad de algunos tribunales", según Sousa Santos, para quien estos casos deberían estar fuera de los tribunales. Por otra parte, la "justicia es muy cara" para el ciudadano, siendo gratuita "sólo para quien vive en la absoluta penuria".

A estos problemas se suma otro, "de cultura y formación de los jueces", poco abiertos a la innovación y al cambio. "Portugal es uno de los países europeos donde la prestación de servicios a la comunidad se aplica menos como sanción sustitutiva de una pena de prisión o pecuniaria", añade Sousa Santos. Por fin, las reformas se "hacen en el papel", pero no se crean las infraestructuras y no se da formación al personal necesaria para ponerlas en práctica. "En este contexto, algunas reformas acaban por tener un efecto pernicioso.

"La informatización de algunos servicios, por ejemplo, para acelerar los procesos, acabó por aumentar la morosidad, por falta de formación del personal", ilustra el sociólogo. Las cifras confirman la morosidad y la inoperancia del sistema: más de un millón de procesos están pendientes de resolución en los tribunales y muchos deberán acabar por prescribir, pese a que el numero de funcionarios judiciales portugueses es superior a la media de la UE.