Ni en el fondo ni en la forma
Me propongo en este artículo hilvanar algunas ideas en relación con el próximo referéndum sobre el "Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa". La primera idea a señalar es la carencia de información sobre el significado y contenido del proyecto de Tratado Constitucional (PTC). Recién salidos de otro importante debate, el del Plan Ibarretxe, nos encontramos con el PTC, sin que la ciudadanía tenga prácticamente información sobre el mismo.
No se conocen las características de este PTC, ni por qué le llaman Constitución, sustituyéndose el debate y la formación de la opinión pública por una campaña informativa en la que, al modo de la mejor lencería, se nos quiere hacer ver las excelentes cualidades de este PTC. No tiene ninguna seriedad democrática acudir a estos procedimientos obviando el debate y sustituyendo la creación y logro de una opinión pública por una elaborada campaña de marketing. Con este objetivo no se agotan esfuerzos en esconder a la opinión pública los actos promovidos por los partidarios del "no", como ha sucedido con la manifestación celebrada en Bilbao el 12 de febrero, vergonzosamente hurtada a la opinión pública.
La UE debería prever unos mecanismos de vigilancia de la calidad democrática de sus Estados miembros
A este comportamiento hay que añadir las razones del "sí". Entre ellas cabe resaltar la del miedo y/o la inevitabilidad del voto afirmativo, porque no hay otra mejor y algo es mejor que nada. Que no sea posible algo mejor, habría que demostrarlo. Y además tendrían que decirnos en qué es el PTC mejor que lo anterior. Si no se señalan las ventajas del PTC sobre lo anterior, si no se justifica la necesidad de su propia aprobación, si no se informa y si se renuncia a crear una opinión pública sobre el PTC y si además se nos dice que solamente es posible el "sí" ¿no estaríamos ante una consulta puramente plebiscitaria?
Sin información ni formación se nos amenaza con unas consecuencias que, también hay que decirlo, no son ciertas. Que el resultado fuera "no", no tendría las consecuencias que se achacan. El propio Tratado prevé la posibilidad de que no todos los Estados de la Unión Europea lo ratifiquen. Si lo hacen los cuatro quintos podría entrar en vigor. Evidentemente no es lo mismo que no lo ratifique uno de los grandes que alguno mediano o pequeño. En este último caso, no sería difícil encontrar una solución. No habría que tener, pues, tanto miedo a un posible "no" en el Estado español. Por otra parte el "sí" es totalmente previsible, dados los apoyos que tiene, lo que hace que un "no" amplio, visible, se convierta en algo importante desde una perspectiva democrática, dejando constancia de un sector crítico con el proceso que se compendia en el tratado.
Analizando el contenido del PTC, se ponen de manifiesto carencias muy significativas, habiéndose rechazado propuestas de gran interés, que habrían significado avances importantes en el llamado tema regional en Europa. Así, la aprobación del PTC habría sido un momento oportuno para establecer un régimen jurídico que permitiese la existencia de un estatus de región europea. También hubiera sido interesante prever mecanismos que posibilitasen la intervención directa de entes políticos representativos de la ciudadanía de ámbito inferior al estatal. Nada de esto se ha hecho. El avance en estos campos es nulo. La afirmación estatal oscurece la pretensión de que otros entes encuentren reflejo en Europa.
El mito de la desaparición de las fronteras no existe para los pueblos. La iniciativa más nimia desarrollada por dos corporaciones locales de ambos lados del Bidasoa exige la cobertura de un Tratado Internacional. Y, hablando de Iparralde, el euskera no puede ser oficial porque esa declaración iría en contra de la Constitución francesa. Constitución reformada hace dos semanas sin que se haya aceptado una enmienda que hubiese abierto la posibilidad de declarar esa oficialidad.
Paradójicamente se exige a los Estados candidatos, entre otros requisitos, el respeto de los derechos de las minorías, lo que lleva a la consideración de ¿cómo es posible exigir lo que no se cumple por los Estados ya miembros? A estas reflexiones hay que añadir la ausencia de progreso en la Europa social. No aumentan las competencias de la UE en esta materia, se mantiene la exigencia de unanimidad para los acuerdos sobre cuestiones sociales, lo que dificulta su adopción; los derechos sociales reconocidos se quedan por detrás de los derechos sociales contenidos en el informe del comité de sabios de 1996, dirigido por Lourdes Pintasilgo, y la libre competencia se convierte, de forma innecesaria, en un principio regulador de los servicios públicos, recogiéndose en el propio PTC.
Finalmente, se exige el respeto de los principios del Estado de Derecho y la división de poderes cuando se entra en la UE, pero se hace una escasa vigilancia de su respeto una vez dentro. La política desarrollada durante la última legislatura contra las instituciones vascas y las limitaciones de los derechos de asociación, sufragio activo y pasivo y libertad de expresión, manifestación y presunción de inocencia lo ponen de manifiesto. La UE debería prever unos mecanismos de vigilancia de la calidad democrática de sus Estados miembros.
Para concluir, ni el texto del "Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa" ni el contexto en el que el referéndum de mañana se nos presenta constituyen argumentos para el "sí". Creo, más bien, que un "no" amplio debe levantar acta, también en Euskal Herria, de una sociedad civil europea no resignada, crítica con los contenidos del modelo que se instaura y con la forma de proceder de los gestores políticos.
Iñaki Lasagabaster Herrarte es catedrático de Derecho Administrativo de la UPV-EHU.
