Los guardias civiles deberán someterse a controles obligatorios de alcoholemia

Los agentes de la Guardia Civil incurrirán en una falta disciplinaria grave si superan una tasa de alcoholemia de 0,3 gramos por litro de sangre o 0,15 miligramos por litro de aire espirado. Para los conductores estas tasas son de 0,5 y 0,25, respectivamente. Para comprobar el consumo de alcohol o drogas, los agentes podrán ser sometidos a pruebas obligatorias "antes del inicio de un servicio, durante su realización o en cualquier momento, ante la sospecha fundada de los mismos". Así lo señala el borrador de la nueva Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.

La principal novedad del anteproyecto, elaborado por un grupo de trabajo de la Guardia Civil, es la supresión de los arrestos domiciliarios, en la línea de lo prometido por el PSOE en su programa electoral.

Además de la separación del servicio, la pérdida de puestos en el escalafón y la suspensión de empleo durante un año como máximo, ya incluidas en la legislación vigente, el borrador contempla un nuevo castigo, la pérdida de especialidad, para las faltas muy graves. Quienes sufran esta sanción, que lleva aparejado el cese en el destino, no podrán recuperar la especialidad que desempeñaban (por ejemplo, desactivador de explosivos) durante cuatro años.

La supresión de las penas privativas de libertad tiene dos excepciones: los alumnos podrán ser castigados sin salir del centro docente durante 30 días y los guardias civiles que participen en misiones de carácter militar estarán sujetos al código disciplinario castrense y, por tanto, podrán ser arrestados.

Los miembros de la Guardia Civil seguirán sujetos al Código Penal Militar, aunque los tribunales militares podrán suspender su ingreso en prisión cuando el delito no tenga relación con las misiones militares del instituto armado.

La potestad disciplinaria, que ahora puede ejercer un simple jefe de puesto, se eleva de nivel, de forma que se reserva a los mandos equivalentes o superiores al de jefe de comandancia, y se refuerzan algunas garantías, al cambiarse el procedimiento oral por el abreviado en las faltas leves.

El capítulo de faltas incluye numerosas novedades. Se agrava la pena prevista para el acoso sexual -"realizar actos que atenten contra la libertad sexual de las personas" y no sólo de "los inferiores", como hasta ahora-, que pasa de falta grave a muy grave, y se tipifica el mobbing, definido como "ejercer violencia psicológica externa de forma sistemática y prolongada sobre cualquier persona con quien mantenga una relación de servicio".

Superar los niveles de alcoholemia antes señalados será falta grave (castigada con pérdida de hasta 20 días de haberes con suspensión de funciones; suspensión de empleo de hasta tres meses o pérdida de destino), mientras que la negativa a someterse a una prueba de alcoholemia o detección de drogas se considera falta muy grave.

Aunque aún no está regulado el derecho de asociación en la Guardia Civil, el borrador lo da por hecho al tipificar como falta leve (sancionable con reprensión o pérdida de hasta cuatro días de haberes con suspensión de funciones) el "realizar actos o declaraciones que excedan los límites del derecho de asociación reconocidos por las leyes". También considera falta grave el "realizar manifestaciones (y no sólo reclamaciones o peticiones, como hasta ahora) sobre asuntos del servicio con publicidad o a través de los medios de comunicación social en forma no permitida".