¿Quién teme al pluralismo?

Ha empezado a instalarse entre los políticos de este país la pésima costumbre de convocar conferencias de prensa para posar ante las cámaras y leer un comunicado, sin someterse posteriormente a las preguntas de los periodistas. Esta mala práctica, que elude el ejercicio de transparencia básica en una democracia, encontró ayer un insólito grupo de valedores en un puñado de editores de periódicos y representantes de empresas de radio y televisión que presentaron un texto titulado Preocupación en los medios privados ante la indefinición y el favoritismo del Gobierno. Este grupo de empresas representa a lo más granado de la derecha aznarista, pues al fin y al cabo algunos deben favores sonados al gobernante que nos metió en la guerra de Irak.

Ahora se oponen al proyecto del Gobierno de suprimir las limitaciones impuestas hace 16 años al número de canales de televisión privada y de clarificar los límites en el número de licencias radiofónicas que puede agrupar un medio en una misma localidad. Destacan en el grupo las dos únicas empresas privadas que operan en España licencias de televisión en abierto, un mercado duopolístico cuya titularidad accionarial ha sido un modelo de opacidad. Sólo la inmunidad como primer ministro de Italia ha permitido a Silvio Berlusconi, máximo accionista de una de ellas, Tele 5, eludir la acción de la justicia, imputado como está por presuntas ilegalidades (falsedad documental y fraude fiscal) cometidas en la adquisición de algunos paquetes de acciones. Por lo demás, es del dominio público que Antena 3 ha sido objeto en las dos anteriores legislaturas de la directa intervención del Gobierno de Aznar.

El comunicado considera un acto de favoritismo la apertura del mercado de la televisión privada en abierto, como si el pluralismo y la libre competencia sólo quedaran garantizados con el actual statu quo que sólo a estas dos televisiones favorece. Ocultar el interés económico que mueve a sus accionistas bajo el manto de la libertad de expresión no engaña a nadie. Mucho menos cuando es un empleado del señor Berlusconi, maestro en la producción y distribución de telebasura, quien se permite dar lecciones sobre libertad de expresión.

La eventual modificación de las actuales condiciones de emisión de Canal +, establecida en la concesión del Gobierno de 1989, nada tiene que ver en cualquier caso con la desaparición de los límites hasta ahora vigentes en el número de cadenas en abierto ni, por tanto, con la ley actualmente en discusión. Canal + cuenta ya con una licencia que tiene como límite la obligación de emitir en abierto durante seis horas, por lo que difícilmente podrá alegarse que la autorización de emisión en abierto durante 24 horas constituya una limitación a la libertad y al pluralismo; más bien sería exactamente lo contrario.

La foto y el comunicado de ayer no representan, ni mucho menos, a la "casi totalidad de los medios de comunicación privados españoles", como pretende el texto. Son muchos los medios de comunicación, además de las asociaciones de anunciantes y productores, que creen necesaria la ampliación de una oferta televisiva que es técnicamente posible y comercialmente viable, y que redundará en beneficio del pluralismo y, por tanto, de los telespectadores. El comunicado de ayer reduce a cenizas el pretendido prestigio profesional de algunos medios que se presentan a sí mismos como "serios", y pretende iniciar una nueva guerra mediática al servicio, nuevamente, del Partido Popular. No encontrarán a este periódico en esa pelea. Pero el Gobierno debe tomar nota de que está ante un desafío político de quienes acostumbran a mezclar la adulación con la amenaza, en el ensueño imposible de que unos patéticos columnistas, y sus no menos patéticos mentores, puedan arrogarse la gobernación del Estado.