El Poder Judicial censura el envío de un observador al juicio de Segi

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) calificó ayer de "innecesaria e inoportuna" la presencia de "observadores" enviados por el Gobierno vasco al juicio de 33 presuntos integrantes de Jarrai-Haika-Segi por colaboración con ETA, que se sigue en la Audiencia Nacional. El acuerdo destila un fuerte malestar con el Ejecutivo autónomo, que ha pedido "tranquilidad e imparcialidad" al presidente del tribunal.

El acuerdo, adoptado por unanimidad de los cinco integrantes de la comisión del CGPJ, expone que, "ante el envío de los que se denominan observadores por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco a la Audiencia Nacional", quiere poner de manifiesto "lo innecesario e inoportuno de tal medida".

"Los jueces y magistrados han venido garantizando, garantizan y garantizarán los derechos fundamentales en toda clase de juicios y no como inspiración o aspiración personal de cada uno, sino por constituir una de las causas y fines de la existencia de un Poder Judicial independiente", añade el acuerdo.

"Medidas de este tipo están más cercanas a fines de control del Poder Judicial o de cuestionamiento de nuestro sistema de justicia ante la opinión pública para desacreditar su labor y poner en cuestión sus decisiones, que a colaborar en el reforzamiento del cumplimento de los derechos fundamentales", agrega el comunicado del CGPJ.

En respuesta al acuerdo del Poder Judicial, la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, ha pedido "tranquilidad e imparcialidad" al presidente del tribunal que juzga a los supuestos miembros de Jarrai-Haika-Segi. "Lo realmente preocupante, y sobre eso sí quisiéramos alguna declaración del CGPJ, es la actitud del presidente de la sala, porque las imágenes que hemos visto han generado preocupación", aseguró. Azkarate definió el comportamiento del juez Félix Alfonso Guevara como propio de "una persona que ha perdido las formas, que parece que ha perdido también la calma, y ése suele ser un camino peligroso para tomar las decisiones". "Un poco más de serenidad y, quizá, de imparcialidad" por su parte "estaría bien", añadió.

Para los vocales de la Comisión Permanente, "los juicios penales en España son públicos, de manera que el control ciudadano sobre la presencia incuestionable de garantías intensas de los derechos fundamentales puede ser efectuado, a diario, por todos aquellos que tengan interés legítimo".

Los vocales de la Permanente expresan después el "pleno reconocimiento a la labor desarrollada por todos y cada uno de los jueces españoles, y en concreto los que ejercen su función en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional", en cuya actuación tiene " plena confianza".

El documento del Poder Judicial añade que "España es uno de los países del mundo que ostenta un sistema de garantías y de tutela de los derechos fundamentales más avanzados y además forma parte de todos aquellos foros o instituciones multilaterales cuyo fin es precisamente la tutela de tales derechos".