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La Constitución y la indiferencia

El próximo día 20 de febrero se nos convoca a un referéndum que se parece más bien a un plebiscito. En él se pide la adhesión al sí más que la opción entre el y el no. Ha habido precipitación y falta de debate, como si a España le fuera bien cualquier Europa con tal de ser aceptada en el club. Decididamente, el partido socialista no domina la convocatoria de referendos. Se atascó en la convocatoria del referéndum de la OTAN y ahora ha lanzado un trágala que pone un punto negro en el talante democrático y abierto del presidente del Gobierno. Los que defendemos el no al tratado constitucional estamos haciendo en realidad un favor al Gobierno socialista, porque su principal enemigo es la indiferencia y, en consecuencia, la abstención.

El mayor peligro en la construcción europea es el desánimo, la confirmación de que todo se hace a beneficio de unos pocos y la indiferencia ante las consultas electorales
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¿Cómo se puede pedir el voto a quienes se ha tenido y se tiene fuera del interés, debate y proceso de construcción europea? Hasta hoy Europa ha sido y es cosa de los gobiernos estatales, de la burocracia de Bruselas y de los grandes operadores económicos. Ellos son los que han decidido y deciden. Los ciudadanos han sido olvidados como tales y tratados como consumidores. ¿A qué viene consultar a los ninguneados ciudadanos? La respuesta esperable es la indiferencia y la desconfianza. Suerte tienen nuestros gobiernos democráticos de contar con una ciudadanía muy dispuesta a creer. En Europa faltan líderes con capacidad de superar las fronteras estatales y erigirse en valedores de los derechos de los ciudadanos europeos en cuanto europeos. Todavía somos prisioneros de los intereses nacionalistas que defienden los gobiernos estatales y de la mediocridad de sus principales políticos.

La Unión Europea de hoy, que el tratado constitucional consagra en su tercera parte, no está basada en la voluntad de los ciudadanos, sino en la voluntad de las grandes corporaciones económicas y financieras que compiten por el dominio de un mercado único y protegido con el apoyo de sus respectivos gobiernos nacionales. Los redactores de esta Constitución han escrito especialmente sobre derecho y economía. Piensan que ya llegará el momento de entrar en más detalles sobre la cohesión social y la organización política. El gran director del mercado asimétrico y desigual europeo es el Banco Central Europeo, con plenos e indiscutidos poderes, sin que pueda haber ninguna interferencia para desarrollar sus funciones, tal como establecen el artículo III-188 y otros artículos de esta tercera parte, donde se cuecen las cosas importantes. En la primera y en la segunda partes del tratado constitucional hay bastante retórica, algunas indudables mejoras institucionales y, también, avisos negativos para aquellos que sueñan con una Europa que reconozca a las naciones sin Estado.

La Unión Europea se ha construido bajo la hegemonía de las ideas neoliberales que han propugnado la privatización y el debilitamiento del Estado de bienestar en los últimos 25 años. Su consecuencia es una Constitución economicista, escrita para que los euroescépticos puedan votar que sí, lo que equivale a destacar el difícil camino que queda por hacer hacia una verdadera unión política, que no será real hasta que los ciudadanos elijamos directamente al Gobierno europeo, un Gobierno independiente de la intermediación de los gobiernos estatales. Todos los europeístas estaremos de acuerdo en que las mejoras institucionales del tratado constitucional son insuficientes y en que será imprescindible una reforma constitucional para avanzar hacia una Europa más democrática e independiente.

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Esta Constitución será un paso hacia atrás si queda blindada demasiados años, lo cual es posible dada la gran dificultad para su reforma. En su organización interna continúa dependiendo de la fuerza desigual de los gobiernos estatales, y como estos gobiernos defienden los intereses de sus respectivos países, es lógico pensar que no habrá igualdad entre los ciudadanos europeos. Entre el estatalismo político y el individualismo económico, hay que preguntarse quién defiende el interés general europeo. Al mismo tiempo, en cuanto a su presencia internacional, la Unión Europea continúa estando comprometida con la política exterior estadounidense y con la OTAN. Un requisito básico para una Unión Europea fuerte es su independencia.

Pero el mayor peligro de todos en la construcción política europea es el desánimo, la confirmación de que todo se está haciendo a beneficio de unos pocos, la desconfianza en los políticos, la indiferencia ante las consultas electorales. La única forma de evitarlo es contando realmente con los ciudadanos, demostrando que se defienden sus intereses, construyendo valores comunes por encima de estados, etnias, creencias e ideologías. Una cultura pública común europea es necesaria, imprescindible, para sacar a Europa de la indiferencia.

Miquel Caminal es catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona.

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