Respuesta a Maragall
La inesperada comparecencia del presidente de la Junta, Manuel Chaves, en el debate en el Parlamento andaluz sobre la proposición no de ley de rechazo del Plan Ibarretxe ha tenido la virtud de anticiparse a la tormenta que, esta semana, sin duda, descargará en el panorama político español con las reformas que pretende introducir en su nuevo Estatuto de Autonomía el Gobierno catalán de Pascual Maragall. Chaves aprovechó la ocasión para fijar la posición de los socialistas andaluces en contra de que se consagren privilegios de otros territorios. Su intervención coincidía en el tiempo con la gira del consejero de Relaciones Institucionales catalán, Joan Saura, para explicar las tesis de la Generalitat. Va por ahí con un mensaje suave advirtiendo de que nada se podrá hacer en contra de los intereses de Andalucía, tal y como dijo en Sevilla, pero lo cierto es que Chaves parece que no se quiere dejar llevar por las buenas palabras. Así que ha decidido pasar al contraataque. Y más debe hacerlo porque el Ejecutivo de Maragall comienza un ciclo de contactos con todas las fuerzas políticas para mostrar sus propuestas en torno al sistema de financiación que se persigue. La primera entrevista será con Josep Piqué, presidente del PP de Cataluña.
En contra de esa imagen casi angelical que nos describe Saura del problema, lo cierto es que lo que tenemos más a mano es la propia apreciación realizada por Maragall en el Parlamento catalán el pasado viernes. Considera que el informe de los expertos sobre el déficit fiscal es incuestionable, pasando más tarde a reformular su tradicional propuesta de pagar por renta y recibir por población. El nuevo sistema, según él, debe basarse en tener el mismo o similar nivel de servicios para un esfuerzo fiscal similar, es decir, que cada autonomía reciba los servicios en función del esfuerzo fiscal que realiza. El principio de solidaridad desaparece de un plumazo. El Gobierno central ya le ha dado un toque por lo que sólo hace falta que desde aquí se insista en el rechazo a un proyecto sumamente pernicioso. Ahora, por tanto, lo que se tercia es que no sólo Chaves se bata el cobre con este asunto sino que salte a la arena, entre otros, el consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, quien puede que en la sombra se esté moviendo en contra de estas ideas pero lo cierto es que se requiere que esas discrepancias se hagan públicas.
Un Griñán que, además, se tendrá que emplear a fondo para llevar a buen término el proyecto del Banco Europeo de Finanzas (BEF). No ha nacido aún el proyecto y le llueven palos por todos sitios. Da la impresión de que la iniciativa ha emergido a la superficie sin que estuviera debidamente desarrollada y consensuada. Todos quieren opinar y tener capacidad de decisión. Conociéndose la proverbial discreción que acompaña a Braulio Medel, presidente de Unicaja, entidad propietaria del BEF, no sería de extrañar que se esté subiendo por las paredes ante el espectáculo que se observa. Pues bien, ahí van una serie de datos al respecto. Ya se cuenta con la anuencia del Banco de España y, por supuesto, de la Junta. El nuevo BEF va a ser una realidad en estos primeros seis meses del año; la sede estará en Málaga, dada la concentración institucional existente en Sevilla en donde ya radica la Federación Andaluza de Cajas de Ahorros; se ha llegado a un acuerdo en cuanto a la configuración y participación de las entidades andaluzas: tendrá un carácter proporcional, tal y como lo pretendían la propia Unicaja, Cajasur, El Monte y Caja Jaén, que representan el 73% de la dimensión total del banco frente a Caja San Fernando y Caja Granada, que defendían los criterios igualitarios y que suman un 23%. Mientras tanto, en la prensa del pasado sábado aparecían dos noticias muy significativas y que daban cuenta de la pelea abierta en Endesa, ya que La Caixa quiere tener un puesto en el Consejo de Administración y, por otro lado, el Gobierno de Navarra compra el 1% de Iberdrola. El que no corre, vuela.
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