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Cuatro administraciones distintas actúan y compiten en las políticas activas de empleo

El Estado aporta uno de cada dos euros para promover la ocupación laboral en Euskadi

En Euskadi proliferan los entes que ofertan políticas activas de empleo, aquellas que persiguen que las personas desempleadas puedan acceder a un trabajo. La institución principal que las desarrolla es el Inem (Instituto Nacional de Empleo), dependiente todavía de la Administración central. Pero el rechazo del Gobierno vasco a asumir su traspaso si no va acompañado del cobro de las cuotas sociales y el pago de los subsidios de paro le ha llevado a montar su propio servicio de colocación, Lanbide. Las diputaciones y los ayuntamientos también disponen de centros de promoción de empleo.

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El Estado aporta uno de cada dos euros destinados a promoción de empleo

Joseba Azkarraga, consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, inauguró el viernes la segunda oficina de Lanbide en Euskadi. El objetivo del Gobierno vasco es que haya 30, casi tantas como tiene el Inem, para una población activa que roza las 900.000 personas y 74.500 parados registrados. En breve abrirá la segunda en Irún y contará ya con una en cada territorio. La primera se abrió en mayo del pasado año en Salvatierra. El consejero reconoce la descoordinación entre administraciones y la dispersión de medios materiales. "Si queremos optimizar nuestros recursos para ser más eficaces, es necesario poder disponer de todas las competencias", señaló el viernes Azkarraga.

Euskadi es la única comunidad autónoma que no tiene transferido el Inem, al negarse el Gobierno vasco a recibir las políticas activas de empleo si no están acompañadas de las pasivas (el pago de las prestaciones de desempleo) y la recaudación de las cuotas de los trabajadores que financian ambas. La Administración central rechaza que este traspaso se realice por la vía del Concierto Económico, porque afirma que supondría romper la caja única de la Seguridad Social. La apuesta del todo o nada es la que ha generado la proliferación de entidades que se dedican en Euskadi a las políticas pasivas y que compiten entre sí.

Es en este contexto en el que tiene sentido las palabras del consejero Azkarraga: "Deseo poder disponer de todos los recursos y aplicarlos de la forma más ordenada y coherente, si queremos optimizar nuestros recursos para ser más eficaces, y el Gobierno vasco eso es lo que quiere, porque eso se traduce en mejora de la calidad de vida de la ciudadanía".

Dispersión de servicios

Según el informe Las Políticas Activas de Empleo en la CAPV y la UE, elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) vasco en Euskadi ofrecen esta prestación el Ministerio de Trabajo, a través del Inem, el Gobierno vasco, a través de Lanbide, las diputaciones forales, a través de los departamentos de promoción económica y empleo, la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) en los ayuntamientos de más de 15.000 habitantes, las agencias de desarrollo comarcal y su asociación (Garapen) y otra serie de entidades públicas, privadas y de iniciativa social.

Esta diversidad de centros es denunciada por los sindicatos no nacionalistas (UGT y CC OO), que critican la duplicidad de esfuerzos y piden que Euskadi asuma la competencia. Los trabajadores del Inem en Euskadi reclaman además la transferencia para poder equiparse salarialmente al personal de Lanbide. En algunos casos, la diferencia alcanza más de 12.000 euros brutos anuales.

Los sindicatos nacionalistas (ELA y LAB) mantienen silencio sobre la cuestión. Defensores del "marco vasco de relaciones laborales", su planteamiento es asumir la competencia plena, pero no se pronuncian sobre la proliferación de centros paralelos al Inem.

El gasto principal en políticas activas en Euskadi (un 50,7% del total) se destina a incentivar el empleo, según el CES vasco. Dentro de esta categoría son determinantes los fondos dirigidos a fomentar la contratación con bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. La formación absorbe casi un tercera parte del gasto, el 22%. La tercera partida en importancia, con el 9,2% del total, son los incentivos a los nuevos promotores.

El principal reto es lograr la ventanilla única para los demandantes de empleo, algo que hoy por hoy parece un imposible. En Basauri, donde Lanbide ha abierto su segundo centro, los desempleados, podrán optar por tres ventanillas: la municipal, la del Gobierno vasco y la del Inem.

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