Del 'Gordo' al Miércoles de Ceniza

El día de la lotería nacional -el día del Gordo-, el pasado 22 de diciembre, Francisco Camps, envió al consejero de Cultura, Alejandro Font de Mora, para que abortara la aprobación por parte del pleno de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) de un primer dictamen sobre la naturaleza y la denominación del valenciano. Se valió de amenazas legales y legislativas. La presidenta de la Acadèmia, Ascensión Figueres, suprimió el punto del orden del día. Fue la gota que colmó el vaso de un proceso marcado por las injerencias del Consell que respondían en buena medida a los vaivenes del contexto político.

Un largo proceso enmarcado por unos datos preocupantes: la Acadèmia da a conocer en mayo una gran encuesta que refleja que el porcentaje de valencianos que habla bien o perfectamente valenciano se ha reducido 7,5 puntos, pasando del 60,5% en 1992 al 53% en 2004. La comprensión del idioma baja un 8,6% y los hablantes que lo emplean en su casa, un 12%.

El debate sobre el doblete valenciano/ catalán surgió a raíz de definir 'alguerés'

La propuesta de elaborar un dictamen surge meses atrás con motivo de la polémica por la división de las titulaciones de valenciano y catalán en las escuelas de idiomas durante el gobierno del PP. Los académicos, además, deben definir la palabra alguerés cuando inician la confección de su diccionario. El dialectólogo Jordi Colomina propone definirla como una variante de la lengua valenciano-catalana que se habla en la ciudad sarda de L'Alguer. Es el bautizo del llamado doblete (valenciano/catalán) que se convertiría en punta de lanza del rechazo de la Generalitat al dictamen. El 19 de diciembre de 2003, la Acadèmia aprueba la Declaració institucional sobre el nom i entitat del valencià i sobre la normativa vigent, donde se anuncia la futura elaboración de un dictamen más detallado y preciso, si bien ya se indica que el valenciano es la denominación "tradicional, histórica, legal, estatutaria y por tanto, la más adecuada al marco legal", sin que ésta sea incompatible con otras denominaciones "también tradicionales, históricas, y legales que recibe la lengua propia de los valencianos", en alusión al catalán. La declaración apenas suscitó quejas, al margen de una denuncia del conocido abogado de la ultraderecha Juan García Sentandreu.

Pasan los meses y el 25 de junio de 2004, la Acadèmia aprueba (con 17 votos de los 20 académicos presentes) la constitución de una ponencia formada por dos miembros del sector mayoritario, defensores de la unidad lingüística (Rafael Alemany y Manel Pérez Saldanya) y dos próximos al secesionismo lingüístico (Àngel Calpe y Ramon Ferrer). El PP se lanza a descalificar la decisión plenaria con el argumento de que la denominación de valenciano ni se cuestiona ni es competencia del ente normativo. Los académicos empiezan a trabajar intensamente e incluso se establecen algunos vínculos de amistad. Hasta llegar al pasado diciembre.

Con anterioridad, se ha producido el conflicto por el memorándum presentado por el ministro de Asuntos Exteriores, el socialista Miguel Àngel Moratinos, con el objeto de dar presencia a las lenguas minoritarias de España en Europa, y por la traducción de la Constitución europea. Al final, y tras un accidentado camino que incluyó la asunción por parte del Gobierno catalán de la traducción valenciana, se viene a reconocer la unidad lingüística entre el valenciano y el catalán. Los socialistas han sustituido a los populares al frente del gobierno central ocho meses antes y se han convertido en diana de las críticas del Consell por la lengua y por el agua (derogación del PHN). Unas declaraciones del líder de ERC, Carod Rovira, que niegan la existencia del valenciano, contribuyen a echar más leña catalana a la hoguera valenciana.

El 28 de noviembre una manifestación reúne a miles de personas en Valencia (40.000, según la policía local) con pancartas que recuerdan a la Batalla de València de la transición: Llengua valenciana, mai catalana o Puta Cataluña. A la sazón, el PP valenciano está inmerso en una lucha intestina entre campistas y zaplanistas. El espantajo catalanista es uno de los escasos frentes comunes.

Desde el verano, la presidenta, Ascensión Figueres, militante del PP, ha pedido audiencia en el Palau de la Generalitat sin éxito. Quería hablar de la marcha de los trabajos. La ponencia concluye el dictamen con la fórmula valenciano/catalán para su uso en ámbitos internacionales. Los cuatro ponentes firman el 19 de noviembre un primer informe. También la presidenta se muestra satisfecha. Se decide abrir un turno para que participen el resto de académicos. Unos días después, Calpe y Ferrer anuncian que no firman el dictamen enmendado, más suave que el anterior, que se iba a tratar en el pleno. La presidenta también cambia de opinión y defiende que se aplace el dictamen.

Arrecian las críticas del Consell por las decisiones del Gobierno. Font de Mora insta a Figueres a que se mantenga firme. Las presiones del Consell son continuas. A petición de los académicos próximos al secesionismo, se pide un informe al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para que dilucide si la Acadèmia es competente en la denominación y la entidad del idioma. El informe, que no es vinculante, apoya las tesis del Consell, en virtud de lo estipulado por el Estatut que habla del idioma valenciano. La mayoría de la Acadèmia decide proseguir. Al ser más de un tercio, la ley les faculta para pedir la convocatoria de otro pleno para tratar el dictamen. Figures tarda, pero convoca.

Y llega diciembre. El día de la lotería, del Gordo. En el claustro del antiguo monasterio de Sant Miquel dels Reis, aparece el consejero de Cultura, sin abrigo, a pesar del frío. Font de Mora baja del pleno de la Acadèmia que ha presidido por delegación de Camps y advierte a los informadores de que no admitirá ni una pregunta. Lee el texto que ha transmitido a los académicos y que alude al CJC y amenaza con cambiar la ley. La presidenta cede. El letrado del ente, Lluís Aguiló, dice verbalmente a varios académicos que la actuación de Figueres es improcedente. Cinco semanas después, dirá por escrito que se ciñe a la legalidad.

Pasan las Navidades. Figueres presenta la dimisión sin que Camps la acepte. El Consell inicia contactos con el gobierno catalán para descongelar las relaciones. Se habla sobre todo de cuestiones económicas, y también de la lengua. El Gobierno de Pasqual Maragall confía en que se resuelva el problema en la Acadèmia. Al mismo tiempo, el consejero portavoz González Pons retoma los contactos entre los académicos y también con el político de CiU Joan Rigol. Camps llega a tener un encuentro con Alemany. Finalmente, se suaviza la redacción del primer dictamen y se elimina el doblete de la discordia. La noche del 18 de enero se llega a un pacto en Benidorm entre González Pons, el vicepresidente de la Acadèmia, el socialista Josep Palomero, Alemany y Figueres. El pacto divide al Consell y Camps no lo ratifica públicamente. El 4 de febrero, González Pons niega que él acordara nada. Un día antes se ha filtrado un hipotético anteproyecto del Consell para cambiar la ley de la Acadèmia. Vuelven las amenazas, pero pervive una delgada línea negociadora que se ensancha por momentos. Palomero, presidente en funciones por baja médica de Figueres, convoca el pleno el 9 de febrero. Durante el fin de semana de Carnaval, Honorat Ros, Palomero, Calpe y Ferrer alcanzan un acuerdo que no satisface a todos los académicos. El lunes se pacta ya el texto definitivo y el Miércoles de Ceniza se aprueba por unanimidad el Dictamen sobre el principis i criteris per a la defensa de la denominació i entitat del valencià. Font de Mora se halla en Bruselas en la inauguración de una exposición sobre los ángeles renacentistas de la catedral de Valencia.

El jueves corren ríos de tinta contra el dictamen y en el seno del PP se desata una crisis. Camps declara ahora que el dictamen válido es el del Consell Valencià de Cultura de 1998, pero no discute, niega ni reniega del contenido del dictamen de la Acadèmia.