El cierre del polígono de Pegalajar por un fallo del TSJA agrava la crisis de la industria de la madera

El fallo judicial que obliga al cierre del polígono de Pegalajar (Jaén) por el alto nivel de ruido de las empresas se ha convertido en una amenaza de muerte para el desarrollo de la comarca de Sierra Mágina. "Tendremos que cerrar el pueblo porque la mayoría de los empleos se irán al garete". Mercedes Valenzuela, alcaldesa socialista de la localidad, coincide con el sentir de sus vecinos al considerar desproporcionada la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que deja en el aire el futuro de la incipiente industria de la madera y el mueble en la zona.

El TSJA ha estimado la denuncia planteada por el propietario de un chalé colindante con el polígono industrial, que decidió acudir a los tribunales por el alto nivel de ruidos de las empresas. El fallo, que es firme desde noviembre y que debe ser ejecutado de inmediato, es tan claro como contundente: las empresas sin licencia de apertura deben cesar su actividad y las que estén legalizadas deben asumir importantes inversiones en medidas correctoras. El auto ha puesto al descubierto la situación de ilegalidad del polígono, donde las 12 naves industriales existentes, con algo más de 200 trabajadores, carecen de licencia, lo que las aboca al cierre.

Pegalajar es un municipio de algo más de 3.000 habitantes ubicado en la comarca del parque natural de Sierra Mágina. El olivar en esta serranía, próxima a la autovía que conecta Jaén y Granada, no es tan productivo como en otras zonas de campiña, por lo que la industria de la madera y del mueble había emergido como una excelente alternativa económica.

Sin embargo, la principal industria local, Muebles Pegalajar, lleva varias semanas en crisis, sin actividad industrial alguna y con la amenaza de despido para sus 100 trabajadores, que han acudido a los juzgados para reclamar los salarios que se les adeudan. La crisis no está relacionada con la sentencia que ahora tiene al pueblo desconcertado, pero sí que podría agravarla. Comisiones Obreras ha asegurado que esta empresa se encuentra en suelo legal y no está amenazada de cierre. Pero no sucede lo mismo a otras industrias auxiliares, como Auspin, que es la que tendría que afrontar una mayor inversión en medidas correctoras, algo inviable en la actual situación de crisis.

Así las cosas, la única solución a este conflicto pasa por la urgente legalización del polígono industrial, algo que, como indica Mercedes Valenzuela, "no se puede hacer en dos días". Tanto los responsables municipales como los empresarios lamentan la "dejadez" que ha habido por ambas partes para afrontar un contencioso que se remonta al año 1997, que fue el año en el que Luis Larrubia y otros 10 vecinos de una urbanización cercana interpusieron la denuncia por los ruidos y las emisiones de gases de esta zona industrial. Finalmente, sólo Larrubia siguió adelante con su reclamación. En el pueblo se le critica por su empecinamiento, máxime cuando el chalé afectado es una segunda vivienda que Larrubia y su familia -que viven en la capital jiennense- sólo utilizan en verano y algún fin de semana.

Los representantes legales de Larrubia se han apresurado a indicar que su cliente no tiene "ningún interés" en clausurar el polígono y se muestra dispuesto a alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento, aunque le pide que dé "un paso serio". La alcaldesa parece haber recibido el mensaje: "Nos vamos a poner las pilas", indicó ayer. El Ayuntamiento ya trabaja en la calificación del suelo y los empresarios, en la urbanización de los viales del polígono.

Aplazar la sentencia

También la Junta de Andalucía, que en última instancia es quien debe autorizar la recalificación a suelo industrial, se ha mostrado dispuesta a "acelerar" los trámites. Por eso, el Ayuntamiento se va a dirigir al juzgado para pedir más tiempo antes de verse obligado a ejecutar la sentencia.

Pero la resolución judicial ha servido también para reabrir críticas políticas. La alcaldesa culpa de la situación de ilegalidad del polígono a los gobiernos de coalición entre PP e IU que han mandado en el Ayuntamiento las dos últimas legislaturas. "Ha habido mala gestión y nosotros ahora no podemos hacer en unos meses lo que ellos no han hecho en ocho años", asegura. Pero el ex alcalde del PP, Rafael López, le contestó recordando que el problema de la ilegalidad del polígono "se inició en la primera legislatura democrática, con el PSOE en la alcaldía". "Se permitió que un concejal socialista instalara la primera nave junto a una zona residencial y en terreno rústico", añadió.

"Todos los demás alcaldes hemos padecido esa situación", recordó López. En parecidos términos se pronunció Alonso Cueva, que ocupó la alcaldía dos años en representación de IU.