El PSPV propone reducir el gasto eléctrico en los centros públicos con una factura conjunta

El corte del suministro de luz operado por Iberdrola en el instituto público Lluís Vives de Valencia, por acumulación de facturas impagadas, es "una anécdota más que podría haber pasado en cualquier centro escolar", afirmó ayer el responsable de Educación socialista, Miguel Soler, tras reunirse con 17 directores que sostienen que las transferencias del Consell no sólo no han crecido en el 84% que alega el PP, sino que siguen en niveles de 1995. Soler planteó la posibilidad de sacar a concurso la factura energética escolar como primera medida para reducir costes y evitar cortes.

El procedimiento no es nuevo y se enmarca en la etapa de liberalización del mercado energético impulsado por el anterior Gobierno popular. La posibilidad de que diversos centros agrupados, bien sea por proximidad, o pertenencia a los mismos distritos, municipios o comarcas, saquen a concurso público la factura energética como ya han hecho las universidades públicas valencianas, "es posible técnicamente", según Soler. Y serviría, además, para que "la competencia entre compañías favoreciera un mejor servicio y, por tanto, mejores precios", precisó en rueda de prensa el dirigente socialista, tras presentar los datos de las transferencias recibidas por 17 institutos públicos en los últimos 10 años de gestión del PP.

"La conclusión", afirmó Soler, es que las transferencias "no se han incrementado en el 84% como sostiene el secretario autonómico de la Consejería de Educación, Máximo Caturla", sino que "se mantienen en niveles de 1995". Según estos datos, "un IES tipo de Valencia que en 1995 recibía 5,9 millones de pesetas, en 2004 recibió 7,2 millones, en lugar de los 10,8 millones que le hubieran correspondido con el incremento del 84% como afirma Caturla". La misma situación se reproduce en la provincia de Alicante, donde "un IES que recibía 11,5 millones en 1995, recibió 13,1 en 2004. Es decir, que ha perdido 21 millones, pese a la subida que sostiene Caturla". En Castellón la situación empeora, porque "hace 10 años el instituto recibía 10,3 millones y en 2004 recibió 10,8 millones, es decir sólo 400.000 pesetas más, y no la subida de 19 millones que afirma Caturla".

El corte de luz del miércoles, en el Lluís Vives, -un céntrico instituto público con 900 alumnos, que acumulaba una deuda con Iberdrola de unos 4.500 euros- provocó situaciones de tensión en el Consell que obligaron a intervenir al presidente Francisco Camps.

Resuelta la situación en cuestión de horas, Camps informó que fue él mismo quien tuvo que "descolgar el teléfono para llamar a Iberdrola para que esto no vuelva a ocurrir", añadió el presidente. Soler criticó ayer este ejemplo de gestión, porque "es una invitación a que no se pague la luz, o al resto de proveedores a los que los centros escolares deben dinero habitualmente porque cobran a cuatrimestre vencido". Lo que tienen que hacer Camps y Caturla, según Soler, es "pagar al inicio del cuatrimestre" y "demostrar en abril que las transferencias subirán el 37% prometido a los directores".

De entrada, el próximo día 15 los directores han acordado constituirse en asamblea permanente para fijar posiciones ante la reunión prevista dos días después con Caturla.