El consejero de Justicia vasco recibe a una plataforma de apoyo a los procesados de Segi

El consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, de Eusko Alkartasuna (EA), acompañado por su número dos, Esther Larrañaga, y por el director de Derechos Humanos, Txema Urkijo, recibió ayer en la sede del Ejecutivo autónomo a representantes de la plataforma que apoya a los 35 miembros de la ilegalizada Haika, organización heredera de las también ilegales Jarrai y Segi, procesados en el sumario 18 / 98, cuyo juicio se reanuda hoy.

La plataforma aduce falta de garantías en la instrucción del sumario y en el juicio. A la reunión con el consejero acudieron dos miembros de ese grupo de apoyo, además de uno de los procesados en el sumario que está en libertad y el padre de otro de ellos. El encausado, Ibon Meñika, lució una camiseta idéntica a las que llevaban el lunes en la Audiencia Nacional todos los procesados, y a las que ayer exhibieron los parlamentarios de Batasuna en el pleno de la Cámara vasca.

Azkarraga ratificó que enviará hoy un observador de carácter "jurídico, no político" al juicio, aunque especificó que ello no significa que el Gobierno vasco "presuponga" nada sobre la acusación de falta de garantías: "No nos pronunciaremos hasta que acabe el juicio. Si han cometido delito, deben ser condenados, pero con todas las garantías procesales", añadió.

El delegado del Gobierno, Paulino Luesma, y los portavoces del PSE, Rodolfo Ares, y del PP, Leopoldo Barreda, censuraron al consejero. Luesma tachó de "aberración política y jurídica" el envío de observadores del Gobierno autónomo al juicio y de "poco ejemplarizante" la actitud de su titular de Justicia. "España es un Estado democrático en el que se respetan todas las garantías", recalcó.

El portavoz popular anunció una interpelación al lehendakari para que explique estas actuaciones. La iniciativa no se materializará por la anunciada disolución de la Cámara vasca el día 22. Barreda calificó de "histriónico" el comportamiento de Azkarraga y le acusó de hacer suya "la letanía política de los terroristas" y de humillar a las víctimas. EA pidió en el Congreso que se supriman los períodos de incomunicación.